Lisboa – Los brasileños son la mayor comunidad extranjera de Portugal y, como el resto de migrantes, se han visto afectados por la nueva legislación que pone trabas a su llegada y que no esperaban «que fuera tan rápida ni tan agresiva», explicó en una entrevista con EFE la presidenta de Casa do Brasil de Lisboa, Ana Paula Costa.
En la sede de la Casa do Brasil, ubicada en el turístico Bairro Alto y donde cada día llegan decenas de brasileños en busca de asistencia legal, Costa contó que sabían que llegarían cambios en materia migratoria tarde o temprano ante el peso que ha ganado en los últimos años el discurso político antiinmigración en Portugal.
Sin embargo, no esperaban que están alteraciones fueran «tan agresivas desde el punto de vista de cierre de puertas» y que afectaran ámbitos como la reagrupación familiar o los visados de búsqueda de trabajo, como tampoco preveían que se hicieran sin escuchar «a todas las personas involucradas en este proceso: las propias instituciones y la sociedad civil».
El Gobierno conservador del primer ministro, Luís Montenegro, ha logrado la aprobación, con el apoyo del partido de ultraderecha Chega, de la modificación de la Ley de Extranjeros tras varios vaivenes en el Parlamento y el Tribunal Constitucional, y ahora se espera que la cámara vote esta semana el endurecimiento de la Ley de Nacionalidad con nuevas restricciones.
Los cambios «provocan ese sentimiento de miedo e inseguridad y esa idea de que, en realidad, (los inmigrantes) no son bienvenidos», además de revertir la perspectiva «cada vez más humanista» que venía adoptando el país, que era considerado «acogedor» por los extranjeros.
«Portugal era reconocido por su buena política migratoria (…) -lamentó- no existía ese intento de crear una separación, de crear una enemistad entre los portugueses y los inmigrantes».
La legislación ya aprobada acaba con los visados de búsqueda de trabajo -un instrumento al que podían acceder los ciudadanos de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), a los que pertenecen los brasileños-, que a partir de ahora solo se otorgarán a personas «altamente cualificadas», sin que todavía se conozcan detalles de qué abarca esta definición.
Esta decisión, según Costa, «no se entiende en absoluto», porque en Portugal hay escasez de mano de obra en sectores como la construcción, el turismo, la restauración o los cuidados, y es «claramente discriminatoria».
Y más allá de los cambios, continuó Costa, lo problemático y peligroso es el discurso político y social, que es «muy agresivo» y «deshumaniza» a los inmigrantes, a quien se les ha responsabilizado de una culpa que no es suya.
«No existe ninguna correlación directa entre el aumento de la inmigración y el incremento de la delincuencia», dijo Costa, quien destacó que ese nexo, pese a ser falso, es «muy eficaz en un ambiente social de inestabilidad, causado en gran medida por la dificultad de acceder a una vivienda por los precios elevados y los bajos salarios.
La activista consideró que esta «tensión social» espoleada por el discurso racista de la extrema derecha es una excusa para que el Estado no hable de los problemas que realmente importan y afectan a la vida de las personas.
Y recordó: «Quien tiene la responsabilidad de crear condiciones dignas de residencia para las personas que viven en el país es el Estado y, cuando no lo consigue, no puede responsabilizar y penalizar a las personas».
Costa refutó que «haya habido una invasión o una entrada masiva» de migrantes, argumento usado tanto por el Gobierno como Chega para justificar el endurecimiento en las normas migratorias.
«La inmigración ha aumentado, es cierto», reconoció la responsable de Casa do Brasil de Lisboa, pero «no hubo una entrada masiva, lo que hubo fue una acumulación de procesos administrativos, sobre todo a partir de 2020, lo que hizo que el número de personas que estaban en situación irregular pasara a ser regular».
Esta falsa narrativa potencia la discriminación y el racismo, al tiempo que es muy «extenuante» para los migrantes.
Costa teme que se aprueben más políticas restrictivas, porque «lamentablemente el discurso antiimigración se ha legitimado», mientras que ha habido poca movilización contra la legislación ya aprobada, lo que hecho que los extranjeros se sientan «un poco aislados» y poco apoyados.
«No se ven protegidos dentro del país al que ayudan a construir y eso es un poco desmotivador», concluyó. EFE
