Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Considerado un país peligroso para los defensores de los derechos humanos y denunciado por múltiples violaciones, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ha retomado la agenda humanitaria con claros mensajes expresados en su discurso: la defensa de la vida, de los recursos naturales y la recuperación de un Estado garantista de derechos.
Castro pone así su mirada en el tema de los derechos humanos al asegurar que la refundación del país pasará por el respeto a las personas y la inviolabilidad de la vida, al asegurar que no habrá “más escuadrones de la muerte, no más narcotráfico y crimen organizado”.
(LEER) Culpables seis de ocho defensores del ambiente en caso Guapinol
Este miércoles la justicia hondureña declaró culpables a seis de ocho defensores del ambiente acusados en el denominado caso Guapinol por privación injusta de la libertad, daños simples y daños agravados en perjuicio de una persona e Inversiones Pinares, respectivamente.
En la previa al debate judicial, diversas organizaciones nacionales e internacionales pidieron liberar a estos ciudadanos defensores del ambiente.
Igualmente, en las últimas horas se tenía contemplado un desalojo de unas 50 familias de la comunidad lenca “Las Tierras del Padre”, ordenado por un juez de la República, pero por intermediación de la Secretaría de Derechos Humanos se logró posponer esta acción.
Discurso de Castro
“Queremos, sostuvo, que el hondureño sienta la presencia de un Estado garantista”, y anunció protección para los grupos vulnerables como los indígenas, los afrodescendientes, la comunidad LGTBI, la infancia y las mujeres, entre otros sectores. Ellos, dijo la presidenta Castro, tendrán un lugar en su gobierno.
La lista de pendientes en materia de derechos humanos se viene arrastrando desde hace más de una década, y tuvo uno de sus picos más altos en los hechos sucedidos con el golpe de Estado de 2009, para luego elevarse nuevamente con el asesinato de la líderes ambientalistas e indigenistas, especialmente en 2016.
Los defensores humanitarios del medio ambiente han sido en los últimos años el blanco de los ataques, discriminación, estigmatización y persecución por la defensa de la tierra y los recursos naturales, al grado que algunos se encuentran privados de la libertad por oponerse a proyectos extractivistas que afectan el hábitat y la naturaleza que les rodea.
Así lo ha señalado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), al indicar que solo en el 2021 registraron 302 casos de intimidación y amenazas en contra de los defensores del ambiente, la tierra y el territorio, externando así su preocupación por la situación de los defensores humanitarios en el país.
Siguen muriendo activistas
Organizaciones de derechos humanos estiman que solo en el 2021 habrían muerto en el país cerca de 16 activistas de derechos humanos. Y entrando el 2022, dos defensores humanitarios fueron asesinados en el mes de enero, ellos son Pablo Hernández y la activista de la comunidad LGTBI, Thalía Rodríguez, integrante de la comunidad trans en el país.
Pablo Hernández, fue asesinado el 9 de enero de 2022 en la comunidad de San Marcos de Caiquín, en el departamento de Lempira, en el occidente del país. Hernández era defensor humanitario y comunicador social de radios comunitarias. En tanto, Thalía Rodríguez, había impulsado la defensa de los integrantes de la comunidad transexual y fue asesinada en su vivienda en la capital hondureña el 10 de enero de 2022.
De ahí que demanden a la presidenta Castro la construcción de un modelo equitativo y sostenible que garantice los derechos humanos y la vida de los defensores y activistas de estos derechos, así como de la población en general.
Otro de los temas sensibles que tiene que ver con los derechos humanos, es el de la libertad de expresión en donde al menos cerca de 90 periodistas, comunicadores sociales y afines a la comunicación han sido asesinados y la mayoría de los casos se encuentran en impunidad, apenas un poco más de siete judicializados y pocas condenas. Honduras, según organizaciones de libertad de expresión, configura todo el círculo de atentados a la libertad de expresión: amenazas, intimidaciones, atentados, leyes restrictivas a la libertad de expresión, judicialización de casos, condenas carcelarias hasta asesinatos.
Las mujeres, las otras víctimas
Otro de los sectores afectados también por la violencia y vulneración de sus derechos son las mujeres y los menores, y hacia ellos, la presidenta Xiomara Castro, dedicó una expresión en su discurso: No más violencia, voy a defender sus derechos. Los femicidios y las muertes violentas de mujeres, se ha convertido en una epidemia en el país, pues cada 27 horas una mujer es asesinada en el país y solo en el 2021 se reportó el asesinato de más de 300 féminas. En el presente año, las organizaciones feministas registran una treintena de muertes violentas de mujeres a nivel nacional.
Las organizaciones de derechos humanos han solicitado al gobierno de Xiomara Castro volver la mirada a la situación de los derechos humanos y las esperanzas del OACNUDH se centran en que el diálogo y el cumplimiento a las sentencias por las que ha sido condenado el Estado por cortes internacionales, se cumplan para que los hechos no se repitan nunca más.
La nueva secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, empezó por reunirse con las organizaciones humanitarias para conocer sus demandas y empaparse de cómo funciona el Estado y la administración pública al respecto, ratificando el compromiso de la actual mandataria hondureña de dar mayor visibilidad y prioridad al tema y respeto de los derechos humanos.
Respeto que pasa también por el lado de la seguridad ciudadana y el freno de la violencia. En tal sentido, se ha anunciado la desmilitarización de las cárceles para impulsar la policía penitenciaria, así como el impulso de una policía comunitaria, disciplinada y fraterna, “una policía que cultive el sentimiento de servicio. Iremos desarrollando paulatinamente los cuerpos de seguridad”, dijo la presidenta Castro.
En el ámbito de los derechos humanos, el tema de la seguridad ciudadana y el papel de las fuerzas del orden es uno de los grandes desafíos del actual gobierno, pues tiene que retomar la depuración policial, revisar el rol de los militares en asuntos policiales que no son su competencia, además de garantizar un debido proceso para que la ley sea aplicada a los policías y militares señalados en violaciones de los derechos humanos. Esas son también prioridades, recalcan los analistas y defensores humanitarios.
