Niños de padres indocumentados sostienen pancartas en contra de la deportación, enfrente de la Casa Blanca en Washington, DC. EFE/Lenin Nolly/Archivo

Los Ángeles – Los miles de menores no acompañados que recién llegaron a los EE.UU. enfrentarán una cuesta arriba para tratar de regularizar su estatus migratorio porque la representación legal es muy costosa, los recursos disponibles son escasos y muchos de ellos carecen de pruebas para demostrar su delicada situación.

Tan solo en los tres meses pasados un poco más de 46.000 menores no acompañados ingresaron a los Estados Unidos por la frontera sur, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y a esta cifra se tendrán que sumar los miles más que han ingresado en mayo y los que vayan llegando en los próximos meses.

Tras reencontrarse con sus familias o estar bajo la custodia de un patrocinador todos estos menores serán requeridos, en algún momento, por las autoridades federales para definir su estatus migratorio.

PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE SIN UN ABOGADO

El camino que le espera es a estos menores es muy «complicado», advierte a Efe Jennifer Podkul, vicepresidenta de política y defensa de la organización Niños con Necesidad de Defensa (KIND).

La experta asegura que los menores no acompañados son una población vulnerable para la cual es «prácticamente imposible navegar» por el sistema de inmigración sin asistencia legal.

«Es mucho más probable que los niños no acompañados ganen sus casos si tienen un abogado», zanja Podkul.

La necesidad de contar con la asistencia legal se evidencia cuando los menores, las familias o los patrocinadores deben escoger entre las pocas vías que hay para legalizarse.

«Generalmente para menores centroamericanos se opta por escoger entre una solicitud de asilo o la visa Especial para Inmigrantes Juveniles (SIJ), pero todo depende de las circunstancias y las pruebas que se tengan», explica a Efe el abogado de inmigración Fernando Romo.

Para noviembre del 2020, más de la mitad de los niños no acompañados que estaban en el país carecían de representación legal, según un estudio de KIND dado a conocer entonces.

La investigación resalta que esto está lejos de ser un problema nuevo, «la subrepresentación de los niños no acompañados es crónica». Por ejemplo, en el año fiscal 2013 solo el 46 % de los niños no acompañados en procesos de deportación tenían abogados. La cifra empeoró en 2014, con solo el 14 %.

Romo, principal asesor de la Asociación de Salvadoreños de Los Angeles (ASOSAL), explicó que uno de los grandes retos que enfrentan los menores son los costos de representación.

«Los abogados no pueden hacer todos sus casos pro-bono y las organizaciones no dan abasto. Estos son procesos que duran años, y que no siempre se ganan», explica.

El jurista añade que, de acuerdo a su experiencia, la mayoría de casos no cuentan con las pruebas necesarias para construir la defensa, y se necesitan recopilar documentos, y echar mano de expertos en el tema que sean admitidos por las cortes.

A esto se suma que una gran cantidad no pueden ni siquiera testificar a su favor.

INFANTES EN LAS CORTES

La situación para miles de los pequeños se agudizó bajo la administración del expresidente Donal Trump (2017-2021) porque el Gobierno realizó cambios que obstaculizaron el proceso, según los activistas y expertos.

El gobierno del republicano estuvo en el ojo del huracán cuando infantes fueron llevados frente un juez de inmigración, algunos sin un abogado que defendiera sus intereses.

Al menos 70 pequeños menores de 1 año se presentaron en los tribunales de inmigración y enfrentaron solos sus propios procesos de deportación entre octubre de 2017 y junio de 2018, según datos del Departamento de Justicia proporcionados a Kaiser Health Noticias.

BUSCANDO SOLUCIONES

El complejo asunto ha estado rondando los pasillos de la Casa Blanca, y el presidente Joe Biden ha firmado un memorando la semana pasada ordenando al Departamento de Justicia (DOJ) emprender acciones restaurando la «Oficina de Acceso a la Justicia», desmontada por Trump.

Además restablecerá la Mesa Redonda Interagencial de Ayuda Legal de la Casa Blanca, un grupo de trabajo de la era de Barack Obama (2009-2017) que examinó cómo la ayuda legal civil podría mejorar los programas federales.

Los esfuerzos incluyen ayudas de asistencia legal a inmigrantes menos favorecidos, y menores no acompañados. En tres meses DOJ debe presentar un plan.

EL CONGRESO TAMBIÉN PUEDE ACTUAR

KIND ha pedido al Congreso para que actúe con prontitud en esta situación y asigne fondos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) para proveer servicios legales para estos niños y aprobando una legislación que garantice que los niños no acompañados reciban un abogado durante todos sus procedimientos de inmigración.

Podkul argumenta que «la asesoría legal prestada a los menores mejorará la eficiencia de los tribunales de inmigración y conservan los recursos al mismo tiempo que protegen el debido proceso».

LA PRESENCIA DE ABOGADOS QUE AYUDA A TODOS

La presencia de abogados en las etapas tempranas de los casos de los niños no acompañados ayuda a evitar el aplazamiento de las audiencias, y las hace más eficientes, destaca la activista.

Además, los niños que están representados por un abogado tienen una tasa de comparecencia extraordinariamente alta en los tribunales de inmigración.

Desde el año fiscal 2005 hasta el año fiscal 2019, el 98 % de los niños con abogados comparecieron ante el tribunal.

«Para construir un sistema judicial de inmigración más eficiente y menos atrasado, es imperativo que el Congreso y la Administración garanticen un abogado para los niños no acompañados», resume Podkul.