Tucson (EE.UU.) – La Patrulla Fronteriza denuncia que inmigrantes indocumentados que ya fueron deportados previamente del país están regresando a la frontera sur acompañados de menores de edad para así asegurar su ingreso a Estados Unidos, aprovechándose así de una laguna legal en la legislación.
De acuerdo con la agencia migratoria, estos indocumentados no son los típicos que forman parte de las caravanas de migrantes, si no que suelen pagar a traficantes de personas para llegar a la frontera y lo hacen acompañados de menores y así ser liberados una vez se encuentren dentro del país.
«Ya vienen bien preparados por los traficantes para saber qué decir y qué documentos presentar, llegan con las actas de nacimiento de los menores de edad y de ellos para facilitar la identificación y agilizar el proceso», asegura José Garibay, vocero de la Patrulla Fronteriza en el sector Yuma.
El vocero explicó que en el pasado podían procesar estos casos y pasarlos a custodia de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés), pero que la agencia está desbordada por la masiva llegada de inmigrantes en las últimas semanas.
Por ello, estas «unidades familiares» son liberadas con una «orden para presentarse ante un juez», donde les indican cuándo y dónde deben presentarse para continuar con el proceso.
Esta dinámica se replica en toda la frontera, a donde han llegado desde el inicio del presente año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2018, más de 136.000 personas que viajan en unidades familiares, parte de un total de 268.000 inmigrantes indocumentados.
Daniel Hernández, vocero de la Patrulla Fronteriza en el sector Tucson, explica que una vez son detenidos descubren por medio de sus huellas dactilares y sus bases de datos que numerosas personas tienen antecedentes penales y de inmigración en Estados Unidos.
Los números indican que en lo que va del año fiscal 2019 han detenido en la frontera a 2.034 personas con antecedentes, la mayoría de ellos (1.278) por reingresar al país después de haber sido deportados.
Para la directora de Border Action Network (BAN), Juanita Molina, siempre hay gente que saca provecho de las ventajas que ofrecen las leyes migratorias cuando los adultos vienen acompañados de menores de edad.
Con todo, explica que si se trata de un «delito» grave estas personas son separadas de los niños.
La abogada especialista en leyes migratorias Ruby Powers coincide con ella e indica que las personas que reingresan al país tras haber sido deportadas, por mucho que lo hagan acompañados con un menor de edad, tienen muy difícil poder permanecer legalmente en el país de manera legal.
«Los recursos para ellos son menos, todo depende del delito por el que fueron deportados o si fue salida voluntaria. Si estas personas se presentan a corte lo más aconsejable es separar el caso de los niños porque ellos quizás sí puedan acceder al asilo. Una persona previamente deportada es muy posible que no califique», explicó a Efe.
Sin embargo, con el atraso que llevan los procesos de asilo, que se ha agravado con la llegada de miles de centroamericanos que piden protección en Estados Unidos, la cita en la corte puede demorarse meses o años y con eso juegan los indocumentados que quizás nunca se presentarán ante el juez y volverán a las sombras.
A pesar de que saben que eso puede pasar, Garibay indica que al estar a «máxima capacidad» no tienen más opción que liberar a muchos inmigrantes porque no tienen manera de «custodiarlos» debido a la aplicación del acuerdo Flores, que impide que los niños permanezcan encarcelados por largos periodos de tiempo.
Y los agentes migratorios lamentan tener que liberarlos porque tienen el presentimiento que estos inmigrantes nunca se presentarán en la corte y desaparecerán de nuevo en el interior del país.
