Roma – El caso de la joven kurdoiraní Maysoon Majidi es una realidad común para unas 1.500 personas en Italia: está en prisión desde que llegó por barca acusada de tráfico de personas, fruto de una visión «absurda» de la legislación que confunde a migrantes por traficantes, denuncia a EFE su abogado.
La situación de Mayid, que esta semana estuvo tres días en huelga de hambre para protestar por su arresto, es usual para muchos migrantes que desembarcan y son procesados, explica el letrado Giancarlo Liberati.
Según alega, se debe a «una ley equivocada que castiga a los débiles y no hace nada contra los traficantes de seres humanos».
Las cárceles italianas albergan unos 1.500 migrantes acusados o condenados por tráfico de personas, según Liberati. Esto abarrota aún más las prisiones, ya de por sí en hacinamiento y al 127% de su capacidad con unos 60.000 reos.
Majidi está detenida desde finales de diciembre en la cárcel de Castrovillari, en la región meridional de Calabria, tras desembarcar en esta zona en diciembre después de una odisea por la peligrosa ruta del Mediterráneo Central. En 2019 huyó de Irán por su activismo, y recientemente -pese a su encarcelamiento- pidió asilo en Italia, cuenta su abogado.
Tras alcanzar suelo italiano, fue arrestada por las fuerzas de seguridad italianas, que la acusaron de haber conducido la barca.
Sin embargo, Majidi niega estos cargos, y su abogado denuncia que dos migrantes que viajaron con ella en la barca fueron manipulados y presionados por la Policía para acusarla de haber conducido el bote.
Este elemento, según la legislación italiana, puede derivar en una acusación por tráfico de personas, y es la pesadilla de muchos de los migrantes que llegan al país por vía marítima.
«En cada barca que llega hay siempre una, dos o tres personas que son acusadas» de este delito y «son puestas rápidamente a prisión», es una realidad que «no tiene sentido», remarca Liberati.
El letrado pidió hace poco el arresto domiciliario para Majidi, pero la Justicia se lo denegó, tras lo que ella decidió ponerse en huelga de hambre el pasado lunes para denunciar su situación.
La joven kurdoiraní se enfrenta a una pena de hasta 16 años de prisión y a una multa de 15.000 euros por cada persona a bordo del barco en el que viajó.
«Perdió 15 kilos», dice su abogado, que el miércoles la convenció para que volviera a comer y presentó recurso contra la denegación de su detención domiciliaria, esperando que al menos pronto pueda salir de prisión. «Ella es absolutamente inocente, y no entiende por qué se encuentra en prisión», denuncia Liberati.
Este abogado lleva otro caso parecido, el de Marjan Jamali, una madre iraní que desembarcó el pasado octubre en Italia con su hijo de ocho años, y que estuvo encarcelada por la misma acusación hasta esta semana, cuando finalmente logró el arresto domiciliario.
Sin embargo, los procedimientos judiciales en torno a estos casos suelen ser largos, lo que complica aún más la vida a los migrantes.
«Los procesos duran meses y meses», comenta Liberati, que menciona el caso de siete hombres egipcios que duró casi tres años.
Según el abogado, esta realidad ya existía en Italia desde 1998, cuando se aprobó una ley sobre migración «muy dura».
Sin embargo, en 2023 -con el actual Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni- la situación «se agravó» a raíz de una modificación de la norma que «endureció las penas, que pueden llegar a 30 años».
Ante ello, muchos migrantes son imputados por conducir una barca o repartir comida a bordo, indica Liberati.
Según alega, se debería hallar «una solución legislativa» para la liberar a muchos de ellos, aunque no cree que suceda con el actual Gobierno, el más derechista de Italia desde la II Guerra Mundial, y que tiene la migración como un principal caballo de batalla.
«Tenemos un gran problema con la migración, sobre todo nosotros los italianos, que somos puerta de entrada» en Europa, dijo el viernes Meloni en una entrevista, donde instó a seguir luchando «contra los traficantes de personas y la migración ilegal».
