Los Ángeles – La nueva política del Gobierno del presidente Donald Trump de enviar ante jueces migratorios a inmigrantes a los que se les deniega una petición de estancia legal se amplía hoy y pone en riesgo de deportación a centenares de personas, incluidas víctimas de casos de trata de personas.
Siguiendo con las directrices dadas por Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) emite desde este lunes avisos de comparecencia ante una corte de inmigración (NTA, por su sigla en inglés) en siete categorías.
Entre los nuevos afectados están aquellas personas a las que se les negó una solicitud por supuestamente ser víctimas de trata de personas; cónyuges de refugiados o asilados; viudos de un ciudadano estadounidense; padres maltratados de un ciudadano estadounidense; o inmigrantes especiales, como trabajadores religiosos u organizaciones internacionales, entre otros.
«Estos avisos (NTA) son el comienzo de un proceso de deportación. Lo que quiere el gobierno es sacar, o al menos dejar sin opciones migratorias a la mayoría de inmigrantes», opinó en declaraciones a Efe el abogado de inmigración Alex Gálvez.
La implementación de la orden de la Administración inició el pasado 1 de octubre con el llamado a presentarse frente a un juez de inmigración a los solicitantes rechazados bajo las formas I-485 y I-539, que incluye a las peticiones familiares de residencia permanente y estudiantes autorizados que intentaban cambiar de visa, pero este lunes se amplió nuevamente.
Las voces de protesta no se han hecho esperar, especialmente por el hecho de poner entre los nuevos objetivos de deportación a posibles víctimas de trata de personas amparadas por la Visa U o la concedida por la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA, por su sigla en inglés).
Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), calificó esta nueva disposición como una «orden despiadada que está criminalizando a las víctimas».
La activista resaltó que la nueva política desalentará a las mujeres a presentar sus casos por miedo de terminar deportadas.
A pesar de la lluvia de quejas que se han escuchado, USCIS no ha dado marcha atrás y ahora sus agentes hacen parte más activa de la fuerza de deportación de la administración Trump, estima la abogada de inmigración Esperanza Franco.
La labor de los oficiales será decidir, bajo su «discreción», cuáles de los solicitantes rechazados bajo las peticiones I-914, I-914A, I-918, I-918A, I-360, I-730 y I-929 deberán presentarse frente a un juez.
Sin embargo, USCIS indicó en un comunicado que dará prioridad a los casos de personas con antecedentes penales, fraude o que supongan una amenaza para la seguridad nacional.
Litigantes como Gálvez advierten que no todo está perdido para estos inmigrantes, especialmente aquellos víctimas de un crimen violento, pues tienen derecho de apelar la decisión de rechazo de su solicitud.
Además incluso en el mismo periodo en el que un inmigrante se encuentra en proceso frente a un juez de inmigración podrá presentar una nueva petición de ajuste de estatus, si califica.
Por ejemplo, si el inmigrante se casa con un ciudadano estadounidense y califica para solicitar el ajuste de estatus puede presentar una nueva aplicación.
Abogados expertos en la materia desconocen todavía quién tomará la decisión a la nueva petición, si el juez de inmigración o el caso es regresado a un oficial de USCIS.
«Es toda una estrategia para agotar a los inmigrantes, a los mismos agentes y a los jueces», indicó Gálvez.
Defensores de los inmigrantes como Anastasia Tonello, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), sostienen que ahora USCIS arrastrará innecesariamente a decenas de miles de personas a los procedimientos de deportación, incluidos aquellos que han vivido y trabajado legalmente en los Estados Unidos.
«Esta política borra el ‘servicio’ que USCIS debe prestar y transforma a la agencia en otra herramienta de cumplimiento de las políticas del Departamento de Seguridad interna (DHS)», insiste Tonello en un comunicado.
La ampliación de la emisión de estos avisos de comparecencia frente a un juez de inmigración también contribuirá a aumentar el atasco existente de casos que enfrentan las cortes.
Según el centro independiente Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse (Nueva York), a finales del año fiscal de 2018, que acabó el pasado 30 de septiembre, más de 768.000 casos estaban pendientes de ser definidos en las cortes de inmigración.
Gálvez asegura que las peleas se darán caso por caso en la corte y aconseja a los peticionarios a no desfallecer en la lucha: «Hay que agotar todos los recursos antes de aceptar una deportación o salir del país».
