Tegucigalpa – La situación de la niñez y adolescencia en el país continúa siendo “grave, estructural y sistemática”, según advirtió Jimmy Alvarenga, director de programas y proyectos de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), quien alertó sobre múltiples vulneraciones de derechos que persisten pese a la existencia de marcos legales y compromisos internacionales.

El defensor de derechos de la niñez, señaló que aunque Honduras cuenta con normativa alineada a estándares internacionales, existe una “brecha gigantesca” entre la ley y su aplicación en la práctica. Estas conclusiones se desprenden de recomendaciones recientes del Comité de los Derechos del Niño y del Consejo de Derechos Humanos, en el marco del Examen Periódico Universal.

Uno de los datos más alarmantes es que cerca del 67 % de la niñez hondureña vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema.

A esto se suma el fenómeno migratorio. Desde 2014 a la fecha, aproximadamente 129 mil niñas, niños y adolescentes han sido retornados al país, lo que evidencia –según Alvarenga– que la niñez está siendo expulsada por causas estructurales como la violencia en diferentes formas, la falta de oportunidades y la inseguridad.

El entrevistado denunció abusos físicos y sexuales dentro y fuera del hogar, incluso en espacios educativos. Además, indicó que en lo que va del año se han registrado alrededor de 180 homicidios de menores de edad.

El sistema educativo tampoco escapa a la crisis. Más de un millón de niños y adolescentes se encuentran fuera de las aulas, lo que agrava su vulnerabilidad y limita sus posibilidades de desarrollo.

Otro de los temas más críticos es el embarazo adolescente. Honduras registra una de las tasas más altas de América Latina, con 97 nacimientos por cada mil, una cifra que calificó como “escalofriante” y que refleja la falta de políticas efectivas de prevención y educación.

Ante este panorama, organismos internacionales han recomendado al Estado hondureño fortalecer programas estructurales preventivos, asignar presupuesto suficiente y garantizar la implementación efectiva del sistema integral de protección de la niñez, contemplado en la legislación nacional.