Tegucigalpa – Más de 160 niños y adolescentes centroamericanos, en su mayoría hondureños, afrontaron el desplazamiento forzado por la violencia generalizada en el primer semestre de 2018, según un estudio presentado hoy en Honduras.
El informe, titulado «Niñez sin tregua: Desplazamiento forzado en el norte de Centroamérica», señala que los menores tienen necesidad de abandonar su hogar por amenazas de muerte, asesinato de familiares, extorsiones y reclutamiento forzado, entre otras causas.
Las pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18 encabezan la lista de los generadores de desplazamiento forzado interno de menores en el Triángulo Norte de Centroamérica, que conforman Honduras, Guatemala y El Salvador, seguidas por la Policía y el Ejército, señala el documento.
Lo anterior conlleva «una doble vulnerabilidad» para los niños y adolescentes, ya que las entidades estatales encargadas de velar por la seguridad ciudadana también están atacando a las familias, señala el estudio elaborado por la organización humanitaria Casa Alianza y la ONG Cristosal.
La directora de programas de la organización no gubernamental Cristosal para Centroamérica, Celia Medrano, dijo a Efe que las personas que viven en el Triángulo Norte se desplazan por «la falta de oportunidades de una vida digna y la violencia».
Señaló que familias completas inician «tocando puertas de instancias estatales pidiendo ayuda, al no recibir la ayuda empiezan a desplazarse internamente en sus territorios hasta que toman la decisión de migrar de manera forzada», subrayó Medrano.
Aseguró que el desplazamiento interno ha «ido en aumento» por la capacidad de organizaciones no gubernamentales como Cristosal, que se han preocupado por «articular iniciativas de sistemas de monitoreo» en el Triángulo Norte para generar «evidencias» de que el fenómeno «es grave y caracterizar adecuadamente a las víctimas de violencia».
Medrano enfatizó que los tres países están «violentando el derecho a no migrar, si bien es cierto las personas tienen derecho a migrar, es un derecho humano, también lo es el no migrar».
Para garantizar ese derecho, según la experta, las personas tienen que «estar arraigadas» en sus territorios y «no verse obligadas (a desplazarse) por desesperación, falta de oportunidades o por la violencia», así como «la omisión» de los Estados.
Medrano señaló el vínculo entre la deserción escolar y el desplazamiento forzado, y señaló que los menores de la región viven en «una falta de garantía al cumplimiento de sus derechos».
En el caso de Guatemala, añade el estudio, el desplazamiento forzado ocurre también por las «condiciones de desigualdad históricas y coyunturales» que ponen en riesgo a los más jóvenes, cuya violencia que les afecta es un «claro manifiesto de poco desarrollo social» en las políticas públicas.
Por ser un país de tránsito, destino y retorno, Guatemala permite que se genere un desplazamiento forzado interno como «un fenómeno multicausal», por lo que es necesario crear políticas públicas de protección para los niños y jóvenes desplazados.
El Estado hondureño reconoce el desplazamiento forzado interno; sin embargo, «esto de nada o muy poco» sirve a las personas, especialmente menores, que están en «total estado de indefensión y a merced de los actores del crimen organizado en sus territorios», destaca el documento.
Por ello recomienda a Honduras desarrollar e implementar políticas públicas que aborden la problemática y democratizar la toma de decisiones.
En el caso de El Salvador, según el estudio, es importante que el Estado reconozca el desplazamiento interno como una «problemática» que afecta a grupos vulnerables y crear programas de atención dirigidos a menores víctimas de este fenómeno.
Además, debe «proteger y acompañar» a las víctimas de desplazamiento forzado, reforzar los programas orientados a prevenir el fenómeno y fortalecer el sistema educativo.
