Managua – Más de mil 500 nicaragüenses permanecen varados en condiciones precarias en países vecinos y en islas del Caribe, de los cuales 500 están en un limbo migratorio en las fronteras centroamericanas, denunció este miércoles la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.
«Queremos seguir alertando de la gravísima situación de 1.000 nicaragüenses en algunas islas del Caribe, particularmente en Islas Caimán, donde están 500, de los cuales 105 han intentado retornar, sin hasta ahora tener éxito», dijo Félix Maradiaga, integrante del Consejo Político de la Unidad, en una teleconferencia de prensa.
El Gobierno del presidente Daniel Ortega se negó a recibir a sus connacionales a raíz de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, no obstante a partir de julio aceptó el ingreso siempre que garanticen que no tienen la enfermedad y que las autoridades nicaragüenses no incurrirán en ningún gasto de repatriación, en lo que denomina un «proceso ordenado».
«El régimen no sólo viola la Constitución (de Nicaragua), sino también la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la guía sobre el COVID-19 y los derechos de las personas migrantes, emitida por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en abril de este año», señaló la Unidad.
No obstante, en el caso de los nicaragüenses que permanecen en islas del Caribe, estos no son migrantes, sino trabajadores contratados por empresas trasnacionales dedicadas al turismo durante temporadas de varios meses, que luego regresan a Nicaragua, recordó Maradiaga.
VARADOS EN EL SUR Y EN EL NORTE
El caso más urgente es el de los más de 500 nicaragüenses varados entre las fronteras de Costa Rica y Nicaragua, así como los 77 que están entre Guatemala y Honduras, quienes llevan casi dos semanas a la intemperie, y viviendo de la caridad, sin que hasta ahora el Gobierno de Ortega les permita el ingreso a su país, de acuerdo con la denuncia.
«Las condiciones en la frontera sur de Nicaragua son sumamente precarias, especialmente en cuanto a higiene. El único acceso al agua que tienen es el que reciben de donación, porque el régimen les ha cerrado las llaves de agua, están a la intemperie, sujetos a cualquier enfermedad, sólo tienen acceso a un servicio higiénico», detalló la activista Ana Quirós, expulsada del país en 2018, tras participar en protestas antigubernamentales.
Quirós reclamó la presencia en el lugar de la Cruz Roja Nicaragüense, tal como lo ha hecho la Cruz Roja Costarricense, para asistir a los varados.
Por su parte, Marlon Caldera, emiembro del grupo de apoyo a nicaragüenses varados entre Guatemala y Honduras, informó que la Alcaldía de Copán, en el oeste de Honduras, intentó realizar un traslado humanitario de los varados desde la frontera norte de su país hasta el límite con Nicaragua, pero el viaje se frustró porque Ortega continuó sin extender el permiso de ingreso.
La situación del grupo de nicaragüenses varado en el norte es igual de precaria que la de los que están en Costa Rica, sostuvo Caldera.
«ACTO MASIVO INHUMANO»
La dirigente de la Unidad Nacional, Violeta Granera, informó que diversos grupos han logrado recaudar recursos para hacer 66 pruebas de COVID-19 a los nicaragüenses de la frontera con Costa Rica, de 500 que se encuentran varados.
«Este es quizá el acto masivo más inhumano que ha hecho le régimen, porque hemos visto la situación inhumana en que están, las angustias que tienen, y las razones por las que están queriendo volver, porque están en total indefensión por la situación económica en otros países, saben que no vienen a un paraíso, pero buscan apoyo en familiares», señaló Granera.
La Unidad recordó que Ortega ha recibido en donación más de 30.000 pruebas de corononavirus y que podría aplicarlas de forma gratuita a los varados, pero que, en cambio, cobra 150 dólares para quienes quieran salir de Nicaragua.
Para la Unidad, el Gobierno de Ortega está obligado por ley a permitir el ingreso de sus ciudadanos sin restricciones, y a cuidar de su salud incluso si se encuentran fuera de Nicaragua.
