Tegucigalpa – La abultada masa salarial en Honduras sigue presionando fuertemente las finanzas del Estado, y el Gobierno lejos de tomar medidas crea más burocracia, expuso la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo.

La masa salarial va a subir 13 % este año y llegará a un 57 % del total de los ingresos tributarios

Castillo, lamentó que la masa salarial sigue absorbiendo una gran cantidad del presupuesto de la República y lo más preocupante es que aun estando en tiempo de crisis ese renglón sigue aumentando.

“Los sueldos y salarios siguen aumentando como que el país estuviera en bonanza, antes de la pandemia estaba en un 44 % del total de los ingresos tributarios el año pasado en 58 % o sea que aumentó 15 % más y este año con las proyecciones se supone que va a subir en 13 % más o sea a un 57 por ciento”, detalló la economista.

El incremento se ha dado aun sin importar que los ingresos han disminuido el 2020 la reducción fue al alrededor de 25 mil millones de lempiras, y se espera que se reduzcan más o menos una cantidad similar este año, lo que significa que al bajar los ingresos el gobierno tiene que endeudarse para hacer frente a la masa salarial, adicionó.

La especialista expuso que ante esta crisis “nosotros lo que esperábamos era que por lo menos se hiciera una reducción en los salarios o en el mayor de los casos que se mantuvieran en el mismo nivel de antes de la pandemia, pero aquí lo que vemos es que los altos burócratas de los tres poderes del Estado -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- todos se han recetado grandes aumentos aun viendo como están las finanzas del Estado”.

Seguidamente, anotó que en las actuales circunstancias lo ideal hubiera sido estar en austeridad y destinar esos ingresos para paliar la crisis de salud.

No obstante, lejos de buscar ahorro, en el Gobierno lo que se ha hecho es aumentar Secretarías y Juntas Interventoras, con burócratas que ganan altos salarios, criticó.

Finalmente, reiteró que Honduras es uno de los países que más destina fondos para mantener un gran aparato estatal del que se alimentan más de 200 mil empleados, mismos que no precisamente están cumpliendo funciones adecuadas en los puestos que corresponde.