Miami– El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, afirmó este lunes en Miami que el programa humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses aplicado desde comienzos de enero ha hecho descender un 90 % la llegada irregular de esos migrantes al país.
En un acto celebrado en el Centro Cultural de la Pequeña Haití, en Miami, Mayorkas, nacido en La Habana en 1959, defendió que se debe llegar a EE.UU. «legalmente y sin correr riesgos», en una aparente referencia a los numerosos cubanos y haitianos que se hacen a la mar en embarcaciones rudimentarias rumbo a este país.
La visita de Mayorkas a esta ciudad tiene como objetivo explicar la política migratoria del Gobierno de Joe Biden y el recién aprobado programa o «parole» humanitario para cubanos, haitianos y nicaragüenses, que amplió el que ya existía desde octubre para los venezolanos.
Ese programa, cuestionado en los tribunales por los fiscales generales de estados republicanos, permite desde el 6 de enero que entren cada mes al país hasta 30.000 de esos migrantes, que deben cumplir ciertos requisitos como tener un «patrocinador» que los sostenga económicamente y cubra sus gastos de salud.
El permiso es por dos años y les permite trabajar.
A los que entren irregularmente les espera la deportación, según este programa humanitario que tiene en cuenta la difícil situación política y económica de los cuatro países.
«Quienes decidan venir a EE.UU. de forma ilegal deben saber que usaremos todos los instrumentos de la ley para expulsarlos», subrayó en el Centro Cultural de la Pequeña Haití.
«Quien venga ilegalmente no podrá quedarse», reiteró Mayorkas, quien dijo que el tema de la migración cubana le toca personalmente pues sus padres y él tuvieron que dejar Cuba en 1960.
El secretario de Seguridad Nacional hizo hincapié en que el Gobierno de Biden quiere «una solución» al problema de la inmigración» y habló de ello con sus pares latinoamericanos en la última Cumbre de las Américas.
Mayorkas comenzó su agenda de este lunes con un encuentro con la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava.
CON LOS CUBANOS EN LA ERMITA DE LA CARIDAD
Tras la reunión en la Pequeña Haití con la comunidad haitiana, tiene previsto reunirse en la ermita de Miami dedicada a la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, con representantes de la numerosa comunidad cubana en Miami, una ciudad que acoge a la mayor parte de los migrantes de los cuatro países que abarca el programa humanitario.
Se espera que también se reúna con personal del Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo oficiales de la Guardia Costera.
Hasta la semana pasada entraron a EE.UU. bajo el programa de «parole» humanitario, que ya existía para los venezolanos desde el 18 de octubre de 2022, unos 14.700 migrantes procedentes de Venezuela, además de 1.400 cubanos, 280 haitianos y 44 nicaragüenses, según datos oficiales publicados la semana pasada por The New York Times.
Los fiscales generales de 20 estados de EE.UU., incluyendo Florida, presentaron este mes una demanda contra el plan del Gobierno de Biden de conceder 30.000 visados mensuales a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
En su denuncia, liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, los demandantes argumentan que ese plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de EE.UU., que ya están «sobrecargadas».
La demanda está suscrita por los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros, y está dirigida contra el DHS y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular el flujo migratorio, y sus responsables.
En su demanda, los fiscales argumentaron que ese plan perjudica a varios estados, como Texas, «que se gasta cantidades significativas de dinero para proporcionar servicios a extranjeros ilegales, debido a las violaciones del Gobierno federal al rechazar aplicar la ley federal».
También pusieron el ejemplo de Florida, que, alertaron, «quedará perjudicada de forma irreparable» por este programa, porque ya se gasta «recursos estatales significativos» para proporcionar servicios a los migrantes indocumentados que acoge.
