Tucson (AZ) – La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuenta con un protocolo para otorgar cuidado médico a todos los inmigrantes que estén bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, afirmó este viernes David Tarantino, médico asesor principal de esa agencia federal.
Tarantino dio hoy su testimonio en la corte federal en Tucson como parte de un juicio que se lleva a cabo sobre las condiciones que tienen que soportar los inmigrantes indocumentados en los ocho centros de detención de la Patrulla Fronteriza en el Sector Tucson, el cual cubre 90 % de la frontera de Arizona.
El médico asesor, quien supervisa todos los centros de detención que la Patrulla Fronteriza tiene desde California hasta Texas, dijo que están fijados varios pasos a seguir para determinar si un indocumentado requiere asistencia médica.
Para empezar, explicó durante la audiencia, tras el arresto del migrante el agente fronterizo puede percatarse inmediatamente si requiere atención médica, o bien cuando el inmigrante la solicita.
Cuando los inmigrantes son llevados a los centros de detención son entrevistados y allí nuevamente se les pregunta si tienen algún problema médico o tienen la oportunidad de informarlo. Cada solicitud es revisada por un médico o paramédico que se encuentra en el centro, quien determina si el migrante debe ser enviado a un hospital de emergencia.
Tarantino negó rotundamente que a los indocumentados se les «quiten» las medicinas que traen consigo cuando son arrestados, al mismo tiempo que aseguró que los agentes no pueden estar 100 % seguros de la procedencia de esos medicamentos, o si es que son drogas de contrabando como metanfetaminas.
Aseguró que es difícil proporcionar cuidado médico a personas que solo estarán bajo la detención de la Patrulla Fronteriza por 72 horas o menos, y a ello se añade la dificultad que suponen los grandes grupos que en los últimos meses se han entregado de manera voluntaria a la Patrulla Fronteriza y han solicitado asilo.
Tarantino, uno de los que esta semana han dado su testimonio en este proceso judicial, señaló que a lo largo de la frontera con México la CBP cuenta con unas 700 personas que forman parte del servicio médico dentro de los centros de detención.
El caso legal comenzó en 2015 cuando la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Arizona presentó una demanda en la que argumentó que los inmigrantes eran forzados a dormir prácticamente unos sobre otros en celdas sucias, y algunos cerca de los baños.
En el escrito, los inmigrantes detenidos se quejaron de las bajas temperaturas que deben soportar en estas celdas, a las que llaman «las hieleras». La demanda también cuestiona la calidad de la comida que recibían y el escaso acceso a cuidado médico.
Esta semana, dos mujeres inmigrantes dieron su testimonio ante la corte sobre lo que tuvieron que soportar dentro de un centro de detención en Tucson.
El pasado miércoles, el juez federal David C. Bury, quien lleva el caso, visitó de forma sorpresiva uno de estos centros, si bien estaba programada para la próxima semana.
El juez no quiso dar detalles hoy sobre lo que vio durante su recorrido, y se espera que el caso finalice la próxima semana y que el magistrado emita su decisión luego.
