México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció hoy que menos de un tercio de los estados de México cuentan con leyes especiales para proteger a los defensores de derechos humanos y solicitó una mayor colaboración regional para acabar con las agresiones a este colectivo.
El organismo presentó un estudio que analiza el cumplimento de la recomendación general sobre los agravios a defensores de derechos humanos publicada en 2016.
Este documento solicitaba a las autoridades locales impulsar la aprobación de leyes enfocadas a la creación de instituciones que protejan al colectivo, pero desde entonces únicamente cinco estados han cumplido este punto.
Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Tamaulipas se sumaron, de esta forma, al grupo de estados con normativas específicas sobre defensores, en el que ya estaban otras cinco de las 32 entidades federativas del país.
Carolina Espinosa, del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó que la recomendación contempla que estas leyes tengan como ejes el derecho a la defensa, la vida, la integridad personal, la verdad, el acceso a la justicia y la protección.
Sin embargo, Coahuila es el único estado que contempló en su nueva legislación los seis ejes, mientras que las otras regiones únicamente incluyeron algunos de ellos.
«No basta con crear leyes, sino que tienen que incluir los estándares establecidos por el ombudsman nacional», aseveró la investigadora.
Espinosa argumentó que se necesita «impulsar el fortalecimiento estatal de los órganos estatales de defensa de derechos humanos «para que no se cargue todo el trabajo al ombudsman nacional».
Aseveró que «las comisiones locales (de DDHH) tienen que hacer su chamba (trabajo) y parece que no lo están haciendo», lo que acaba por restar impacto a los instrumentos que implementa la CNDH.
Édgar Corzo, visitador de la CNDH, coincidió con este punto y subrayó que este es un problema «conjunto» que ha de resolverse con el trabajo de las autoridades estatales y del Gobierno federal.
El origen de las agresiones a los defensores y a los periodistas es «a nivel estatal», por lo que «hay una responsabilidad que tiene que tomarse».
«No todo se puede hacer desde acá», sentenció.
Espinosa recordó que es fundamental analizar el contexto de cada una de las zonas del país a la hora de atender la violencia contra defensores de derechos humanos, debido a que la situación empeora en los lugares más remotos o con peor accesibilidad.
El reporte subraya, por ejemplo, que Guerrero, en el sur del país, es «uno de los estados más inseguros y más pobres», y que allí siguen incrementando los casos de desapariciones forzadas, así como de tortura, que «sigue siendo una práctica recurrente de los policías».
Otro de los lugares mencionados es Jalisco (oeste), azotado por las desapariciones a manos de agentes del Estado o de la delincuencia organizada, los feminicidios y las violaciones a mujeres y niñas.
Como conclusión general, Espinosa señaló que los aspectos señalados por la recomendación de la CNDH son «congruentes con los estándares más elevados de derechos humanos».
Pero, a su vez, «son tan elevados que no se encuentran muy vinculados con las complejas realidades de los contextos locales», con lo que su aplicación es muy complicada y acaban convirtiéndose en «aspiraciones normativas».
Para realizar el informe, se analizaron las legislaciones estatales, los medios de comunicación y la información derivada de solicitudes de información pública.
De acuerdo con un reporte presentado por organizaciones civiles, México es uno de los países más peligrosos de la región para los defensores de derechos humanos, dado que en los últimos 12 años se han registrado 3.967 agresiones y 228 asesinatos.
