Madrid – La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IM-Defensoras, documenta más de 35.000 agresiones violentas contra defensoras de los derechos humanos durante la última década en el informe que presentará en los próximos días en diferentes ciudades de España.
Visibilizar la problemática en Mesoamérica y exigir recursos y políticas que pongan fin a la represión que sufren las activistas de derechos humanos es el objetivo del documento «Datos que nos duelen, redes que nos salvan» y de la visita a España de varias representantes del movimiento IM-Defesoras, según aseguró a EFE una de ellas, Marusia López.
Las agresiones detalladas en el informe conllevan hostigamiento, campañas de desprestigio, amenazas, violencia física, verbal y psicológica, vigilancia a las prácticas de la vida cotidiana de las defensoras y uso de la fuerza.
“Cuando comenzamos, nos dimos cuenta de que no había información documentada sobre las agresiones específicas que vivíamos las defensoras, los informes que existían se enfocaban en los activistas hombres” afirmó López.
El Salvador, Honduras, México y Nicaragua: los países con mas agresiones
El informe documenta, desde una perspectiva feminista, 35.077 agresiones ocurridas desde 2012 hasta la actualidad contra 8.926 defensoras y 956 organizaciones.
En el mismo período, 200 defensoras fueron asesinadas. Una cifra a la que hay que suman los 228 intentos de asesinato registrados.
“Ésta es una expresión de la calidad democrática en nuestros países y de cómo están funcionando los Estados para la protección de derechos básicos”, según López.
En la última década, el informe revela que El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua muestran un incremento significativo de la corrupción.
Además, detalla que estos países experimentaron el cierre progresivo de los espacios para la participación social y política, una mayor militarización, un aumento en las actividades extractivistas y una creciente influencia del crimen organizado.
A esto se suma una alarmante incidencia de feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres y las comunidades LGBTQ+, así como una crisis migratoria sin precedentes.
Justicia, tierra y libertad de expresión
El 23 % de las agresiones documentadas son contra mujeres que defendían el derecho a la justicia y la reparación. Éste es el caso de diversos colectivos como las ‘Madres buscadoras’ en México, las integrantes de la ‘Asociación Madres de Abril’ en Nicaragua o familiares de las niñas asesinadas en la masacre del Hogar Virgen de la Asunción en Guatemala, entre otras.
La defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales representa el 15,6 % de agresiones.
Sobresalen las defensoras de Honduras que, al exigir estos derechos, especialmente a partir del asesinato de Berta Cáceres en 2016, han constatado como se incrementan los ataques contra las comunidades garífunas, lencas y campesinas.
Quienes defienden el derecho a informar y a la libertad de expresión también aparecen como uno de los colectivos más afectados con un 14,1 %, especialmente en los países como Nicaragua y El Salvador.
El informe también resaltan las agresiones contra defensoras u organizaciones que defienden el derecho de las mujeres a participar en la vida política y comunitaria y a una vida libre de violencias.
IM-Defensa: actores estatales los principales responsables de las agresiones
Las agresiones provienen tanto de actores estatales como no estatales, incluyendo grupos fundamentalistas y actores vinculados al Estado.
Esto incluye a cuerpos policiales (22.9 %), autoridades municipales, departamentales, provinciales, estatales, nacionales o federales (17.2 %) y fuerzas militares (4.9 %).
También destacan otros poderes fácticos como corporaciones, el crimen organizado, jerarquías religiosas y monopolios de la comunicación.
El análisis insta a los estados a tomar medidas concretas para reducir las agresiones. “Un tema clave es la investigación de los asesinatos contra activistas, éstos se van a continuar produciendo si no se investiga con diligencia para asegurar la identificación de los autores y condenarlos” explica López.
