Fotografía del 20 de enero de 2020 donde se observa desde el lado estadounidense parte del muro que separa San Diego (Estados Unidos) de Tijuana (México). EFE/ Manuel Ocaño/Archivo

Los Ángeles – Dos empresas encargadas de construir tramos del muro fronterizo fueron acusados de traer al país a trabajadores mexicanos armados no autorizados como parte de la seguridad en los proyectos, lo que violaría las leyes federales de EE.UU., según documentos judiciales recientemente revelados.

Las empresas, Sullivan Land Services Co. y el subcontratista, Ultimate Concrete of The Paso, fueron nombradas en una acusación realizada por dos denunciantes anónimos que alegan que las empresas cometieron varios actos de corrupción, de acuerdo a los documentos revelados por el periódico The New York Times.

La demanda, presentada en febrero pasado en una corte federal del sur de California, advierte que incluso una de las empresas construyó una carretera desde el lado mexicano de la frontera hacia los EE.UU. para facilitar el acceso de estos mexicanos armados al lugar de construcción.

La acusación también aseguraba que las empresas cobraron de más al gobierno por los trabajos de construcción.

Los demandantes acusaron a ambas empresas de «permitir a sabiendas el uso de trabajadores no autorizados en áreas sensibles y poco seguras en las inmediaciones de la frontera entre Estados Unidos y México”.

La denuncia además alegaba que las empresas tergiversaron la forma de contratación ante el gobierno y «instaron a otros a hacer lo mismo”.

«Al menos un empleado del Gobierno estadounidense del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (USACE) estaba al tanto del encubrimiento o estaba involucrado en él”, se lee en la acusación.

Los denunciantes también dijeron que figuras de alto nivel en Ultimate Concrete habían sugerido muchas veces que la compañía estaba haciendo pagos corruptos al empleado de USACE.

Las acusaciones fueron hechas por un exalguacil adjunto en el condado de San Diego y un exagente especial del Buró de Investigación Federal (FBI) que brindaba seguridad para la construcción del muro, según el rotativo.

El Gobierno del presidente Donald Trump investigó las acusaciones, que permanecieron selladas desde febrero.

Sin embargo, el Departamento de Justicia (DOJ) notificó a la corte la semana pasada que no intervendría en el caso, lo que llevó a un juez a anular las acusaciones, y sacar a la luz pública el caso.

La construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México fue una de las promesas de campaña del mandatario en 2016.

Sullivan Land Services tiene al menos cinco contratos gubernamentales relacionados con la construcción de secciones del muro fronterizo en California, Nuevo México y Texas, que tienen un valor total de hasta 1,4 mil millones, según la denuncia.

Jesse Guzmán, presidente de Ultimate Concrete, le dijo al periódico neoyorquino que «todo el mundo puede alegar lo que quiera, y eso no lo hace correcto ni lo convierte en verdad”.