València – El miedo a las represalias, la desconfianza en las instituciones y la falta de información figuran entre los principales obstáculos a los que se enfrenta la población migrante para denunciar los delitos o las vulneraciones de derechos fundamentales que sufren.
Así se refleja en el informe Denuncia In-Segura, que analiza la situación actual y sus consecuencias -solo una de cada nueve personas migrantes o racializadas se atreve a interponer una denuncia- y propone mecanismos para proteger a las víctimas y combatir la impunidad.
Esta investigación, elaborada por la Red Acoge, se presenta mañana, jueves, 20 de noviembre, en la Facultad de Derecho, con la colaboración del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, ha informado València Acull.
Las víctimas reclaman, entre otras medidas fundamentales, su derecho a recibir un trato respetuoso y no discriminatorio por parte de autoridades y funcionarios/as que reciben las denuncias, que se les facilite información comprensible del procedimiento (incluida la traducción a su idioma) y que se les proteja frente a posibles represalias de la persona o instituciones denunciadas.
Ademas, se exige modificar la ley de Extranjería para que se garantice que a las víctimas en situación administrativa irregular de cualquier tipo de delito no se les sancione con multas o expulsión cuando acudan a denunciar.
Este estudio, una aproximación a la vulneración del derecho al acceso a la justicia de las personas migrantes, se acerca a la realidad de este colectivo a través de cinco fichas informativas sobre el marco normativo que les protege y sus deficiencias, el impacto en sus vidas, qué barreras atraviesan en el proceso de denuncia, qué estrategias se pueden activar para mejorar el acompañamiento u cuáles son los recursos existentes.
El trabajo de campo se llevó a cabo en Barcelona, Burgos, Córdoba, Elche, Guadalajara, Logroño, Lucena, Madrid, Murcia, Salamanca y València.
¿Qué es la denuncia segura?
La denuncia segura supone la adopción de un conjunto de medidas que promueven el acceso a la justicia, la protección y la seguridad de las personas que han sido víctimas de un delito o de graves vulneraciones de derechos fundamentales, sin que se pueda incurrir en ningún tipo de discriminación, incluida la relacionada con la situación administrativa (cuenten o no con autorización de residencia).
Estas medidas, reconocidas en el Estatuto de la víctima del delito, tienen como objetivo asegurar el ejercicio del derecho a interponer una denuncia con garantías.
Entre ellas, se incluyen los derechos a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio, entender y ser entendida, estar acompañada, la traducción e interpretación gratuita o medidas de protección ante represalias.
Barreras en el acceso a la justicia
A pesar de contar con una normativa clara que protege y garantiza los derechos de las víctimas, en la práctica, muchas personas no tienen garantizado el derecho a la justicia y las personas migrantes se enfrentan a múltiples barreras a la hora de interponer una denuncia.
El entramado de dificultades incluye, entre otras, el miedo a que la denuncia repercuta en otros procesos administrativos, la falta de respaldo y asistencia legal, la desconfianza en la eficacia de las instituciones, el temor a represalias, la ausencia de protocolos específicos o la mala praxis en la recogida de la denuncia, entre otras.
Todas ellas, asegura el informe, son consecuencia de tres problemas estructurales interrelacionados en el sistema de justicia e impactan directamente en el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas migrantes: la falta de garantías en la protección de los derechos de las víctimas, la Ley de extranjería y el racismo y la discriminación.
Las barreras de acceso a la denuncia segura tienen efectos concretos en las personas migrantes que las sufren como la dificultad de denunciar o de obtener reparación frente a la discriminación, la violencia o el abuso no solo genera impunidad y un grave problema de infradenuncia, así como efectos psicosociales e intergeneracionales. EFE
