Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La migración seguirá siendo un escenario que marcará al país a lo largo de este año, en tanto se reduce la capacidad del hondureño para adquirir alimentos por falta de dinero y el descontento social crece con tendencia a agudizar la polarización en un gobierno que no termina de afinar su rumbo, advierten los últimos sondeos que toman el pulso al país, en poder de sectores privados y de organismos internacionales de crédito.
Los datos gravitan en dos aspectos: los riesgos políticos del país y los problemas cotidianos de los hondureños en el consumo y su economía, último que revela cifras preocupantes al indicar que cada día el hondureño restringe sus gastos para el consumo alimenticio diario por carecer de dinero o por el alto costo en los precios de los productos de la canasta básica familiar en al menos 30 productos considerados como básicos para una dieta alimentaria aceptable.
El desempleo, el costo para cubrir las necesidades básicas alimenticias y la violencia a causa de la inseguridad, están golpeando fuertemente a los hondureños, sumado a la corrupción y el acceso a una salud digna, refleja un sondeo elaborado para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el se indica que el 66% de los hondureños cree que el país marcha por el rumbo equivocado, un 52% estima que su situación económica es peor a la que tenían hace un año, mientras un 40% cree que para el próximo año la situación económica de los miembros del hogar también será peor.
El hondureño siente un enorme desaliento en su economía y cree que, en el 2024, esto irá mal (40% de los consultados). Un 65% de los hondureños indicó que dejó de comprar alimentos diarios en los establecimientos comerciales por falta de dinero. Los alimentos que dejaron de comprar son carnes rojas, pollo, embutidos, pescado y huevos.
También han dejado de comprar lácteos, arroz, frijoles, cereales, frutas, verduras, café y té, entre otros. Estos alimentos son parte de la dieta básica alimentaria, y ante los altos costos, la falta de empleo, el estancamiento en los salarios y la incertidumbre del rumbo que lleva el país, los hondureños han empezado por restringir severamente sus gastos en alimentos nutritivos.
Más de la mitad se quieren ir
Este escenario, hace que un 66% de los hondureños, piense en migrar o irse del país, un porcentaje que coincide con otros sondeos de opinión, en especial los realizados por la encuesta de opinión del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC/SJ) de los jesuitas en Honduras. Los migrantes que han retornado, en su mayoría han sido a causa de las deportaciones, se encuentran en gran parte desempleados, y solo esperan un nuevo chance para volver a tomar la ruta migratoria rumbo a Estados Unidos.
El tema migratorio seguirá gravitando en el país, al margen de las políticas y campañas estatales y de Estados Unidos para que los hondureños no tomen la ruta migratoria por los riesgos que ello implica. Las políticas en este sentido, no son claras, y los migrantes, hoy por hoy, son los principales generadores de divisas al país por las remesas que envían sus familiares. Más de ocho mil millones de dólares constituyen las divisas que ingresan por remesas, algo que los economistas consideran como el principal producto de exportación no tradicional en esta nación centroamericana.
Desalentados por la economía, por no encontrar empleo y por la situación que viven en sus hogares, donde el caldo de la violencia, la inseguridad y la extorsión, atizan ese desencanto, los hondureños creen que el país no avanza por la ruta correcta y su perspectiva para el 2024 no parece responder a sus expectativas de mejora. Ello obliga al gobierno de la presidenta Castro a reenfocar mejor sus directrices porque las respuestas no están siendo tan contundentes como se preveía.
Los otros escenarios
Pero no solo ese escenario implica un riesgo para el país, también se encuentran otros escenarios que pueden generar complicaciones en materia de gobernabilidad y atracción de la inversión, según datos en poder del sector privado.
El complejo panorama en el Congreso Nacional, tras la ruptura entre el partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre), con su alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH), y luego las fricciones de éste con uno de sus miembros y actual presidente del Congreso Nacional, son escenarios que pueden ahondar la polarización política en el país, a lo que suma, fricciones a lo interno del gobierno ante una falta de progreso en la agenda gubernamental.
Esos escenarios de riesgo político, presentados al sector privado, visualizan como temas de conflictividad social lo que acontece en el ámbito del activismo ambiental y la defensa de los territorios ante las violaciones a los derechos humanos y las muertes más recientes, además del impacto y resultado del estado de excepción parcial puesto en marcha a fines del año pasado en un afán por contrarrestar el delito de la extorsión que mantiene un fuerte repunte.
Esta política de estado de excepción parcial, se ha centrado, por ahora, en atacar pequeños núcleos de maras y pandillas, pero con pocos casos judicializados, y muchos de los que son llevados a los tribunales son liberados por falta de pruebas, según los jueces. En tanto, la violencia en general ha repuntado y aumentado el número de homicidios, siendo la muerte violenta de mujeres una de las cifras que más alarma ha causado, al grado de “horrorizar” a la representante de la ONU en Honduras, Alice Shackelford.
La presidenta Xiomara Castro, previo a su viaje a España, en visita trabajo, instruyó a su asesor presidencial y coordinador de Libre, Manuel Zelaya, ex presidente de Honduras, a convocar de urgencia a sus gabinetes sectoriales, cinco en total, para abordar y dar respuesta a la “sarta de problemas” que enfrentan.
A esa “sarta de problemas”, los escenarios de riesgo país presentados al sector privado, incluyen los reclamos docentes por plazas, salarios y estabilidad, la presión del rubro del transporte por subsidios, las mejoras en materia de seguridad y un creciente descontento ciudadano por la inacción a sus reclamos.
Ello traerá consigo mayor polarización, inseguridad jurídica y riesgos institucionales que ponen al gobierno en la disyuntiva de dar un giro de timón o seguir afectando su reputación institucional y de mandato. (PD)
