Migrantes embarazadas enfrentan riesgos y rechazo en la frontera México-EEUU

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Fotografía familiar cedida donde aparece la salvadoreña Ana Najo Urbina (i), con casi siete meses de embarazo, y su hija Fernanda Camila (d) mientras posan en el campamento para inmigrantes en Matamoros, México. EFE/ Foto familiar

Phoenix (AZ) – La salvadoreña Ana Najo Urbina está por cumplir siete meses de embarazo en el campamento improvisado de migrantes en Matamoros, México, y pese a que testificó ante autoridades migratorias que estaba embarazada cuando fue detenida en Estados Unidos, no le valió para lograr llevar su caso de asilo dentro de Estados Unidos.

Esta mujer, que es madre de Fernanda Camila, de seis años, tuvo que pagar 8.000 dólares a un «coyote» para que las cruzara por el Río Bravo (Río Grande en EE.UU.), y una vez pisando Estados Unidos fue detenida por agentes de migración para ser devuelta por la frontera de Brownsville, Texas.

«Cuando nos detuvieron pasé tres días durmiendo en un campamento de migración, luego me tomaron las huellas y pedí asilo por la violencia en El Salvador. También les supliqué compasión porque estaba embarazada, pero no les importó; igual me echaron fuera del país sin decirme a dónde iba, ni que iba a pasar con nosotras, dijo Najo a Efe.

El riesgo que enfrentan las mujeres embarazadas en la frontera es grande, ya que la atención médica que pueden recibir en México es precaria, y en caso que quieran cruzar en labor de parto la asistencia queda a discreción del agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en turno, lo que las coloca en un estado de vulnerabilidad.

Charlene D’Cruz, abogada de derechos fronterizos de la organización Lawyers for Good Government, indicó a Efe que los casos de mujeres embarazadas con riesgos son cada vez más complicados de arreglar. «Lo que antes era una prioridad humanitaria, como el embarazo, ya no lo es en la Administración de (el presidente Donald) Trump», sostuvo.

D’Cruz lleva el caso de Najo y otras mujeres embarazadas en el campamento de Matamoros, a quienes ayuda para que puedan llevar su proceso de asilo dentro de Estados Unidos, debido a los riesgos que corren en los campamentos por su estado de gravidez.

«La otra vez me sentí mal y fue al hospital aquí. No me atendieron porque era salvadoreña, ya las autoridades de migración en México nos ven feo. Mis familiares en Estados Unidos tuvieron que mandarme dinero para que me atendiera un doctor particular, ya que los siete meses son muy riesgosos para mí», explicó Najo.

A principios de febrero, agentes de migración asistieron a una joven de 16 años a dar a luz en el puente internacional de Los Indios (Texas), quien llegó caminando a las instalaciones del puerto de entrada y tuvo a su bebé en una unidad del CBP. De igual forma, agentes de migración asistieron a dos mujeres mexicanas a mediados de diciembre que dieron a luz en el puerto de entrada de Columbus (Nuevo México), y otra más fue transportada a un hospital local.

«Estos casos corrieron con suerte», aseguró a Efe Cristina Coronado, de la Red de Apoyo Humanitario a Migrantes en el Paso (Texas), ya que desde hace meses las inmigrantes embarazadas en espera de asilo «perdieron el derecho de dar a luz» en Estados Unidos.

«La política de Trump obligó a los inmigrantes que buscan refugio a permanecer en México. Antes de esto las mujeres embarazadas tenían el derecho legal de esperar sus casos de asilo político en Estados Unidos, más por tratarse de situaciones humanitarios y en riesgo», explicó.

«Pero con la nueva regla de MPP (Protocolos de Protección a Migrantes, que fuerza a los solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en México), que de protección no tiene nada, más bien es un muro legal y una ley de rechazo a los migrantes. A los refugiados vulnerables no se les permite la entrada por humanidad», detalló.

Camilo Pérez Bustillo, jurista y exdirector del Instituto Fronterizo Esperanza en El Paso, señaló a Efe que se han implementado cambios «adversos» y «regresiones» en materia legal para los inmigrantes solicitantes de asilo o en vulnerabilidad. Señaló que existen normas internacionales y leyes estadounidenses que abanderan como imperativo salvar la vida de un menor o de un ser humano, «pero tristemente se está vulnerando la ley».

Bajo estas condiciones, la doctora Sanjuana Mendoza, quien lidera un dispensario para migrantes en la mexicana Ciudad Juárez, lanzó una advertencia para las mujeres embarazadas que se arriesgan a pedir asilo en los puertos fronterizos. «Si estas mujeres no son atendidas a tiempo, los daños neonatales pueden ser muy elevados, presentar cuadros infecciosos o daño cerebral para el bebé. Deben pensar más en el producto que en los papeles», afirmó.

Por lo pronto, Najo vive en un estado de «desesperación» en el campamento, y aunque ya asistió a su primer cita de migración quedó en las mismas circunstancias, ya que no le resolvieron ninguna duda sobre su caso de asilo.

«Pensé que iba a ver a un juez, que le iba a explicar mi situación, pero solo me pusieron frente a una pantalla donde me dijeron mis derechos. Era una carpa improvisada, nadie me explicó nada; solo me dieron fecha para mi próxima corte el nueve de abril», comentó consternada.

Najo, quien va a cumplir 33 años el 28 de marzo, imaginaba una situación muy distinta cuando decidió vender su restaurante en El Salvador y partir hacia Estados Unidos para reunirse con su padre y demás familiares.

«Vendí todo por las extorsiones y logré cruzar, pero luego me aventaron para acá, y la verdad tengo mucho temor de tener mi hijo en México porque supe que hace veinte días se desapareció una paisana con todo y su niño, y es hora que no aparece», comentó.

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