Túnez – Después de dos intentos fallidos y un naufragio en su huida a Europa a bordo de un cayuco, en el que murieron 14 compañeros, el marfileño Yumandi Ali sigue sin saber cuánto podrá aguantar en Túnez, donde ha dejado de sentirse seguro, afirma a EFE desde su casa en un popular barrio de las afueras de la capital.
Organismos internacionales y ONG cuestionan que el país magrebí sea un lugar «seguro», tanto para la devolución de migrantes rescatados en el Mediterráneo como para la deportación de sus nacionales desde Italia, tras ser «testigo de un importante retroceso de los derechos humanos» en los últimos años, recoge una denuncia de Amnistía Internacional (AI).
«Antes todo estaba tranquilo, encontrábamos trabajo, podías ganarte la vida para comer pero todo cambió con el discurso», rememora Ali, de 25 años, que aunque prefiere abstenerse de hablar sobre política tunecina admite que las palabras del presidente Kais Said a principios del pasado año, calificando a la población subsahariana de amenaza demográfica, cambió sus vidas. El racismo se disparó.
«Nos llaman ‘monos’ y no podemos reaccionar porque si reaccionas toda la población carga contra ti», relata este joven en un pequeño apartamento de apenas dos habitaciones donde nadie se atreve a alzar la voz y la máxima es mantener la discreción.
La misma sensación comparte el también marfileño Abubakar, que perdió su trabajo desde aquella alocución, y su mujer guineana, llegada hace cuatro años de Egipto para escapar de la «esclavitud» de una mafia que la explotaba como empleada doméstica.
«Estoy desesperada. Sinceramente, no esperaba esto en Túnez», reconoce mientras guisa en el desgastado fogón de una precaria cocina y su pequeña de dos años, nacida en Túnez, juega con una despeinada Barbie, la única distracción a falta de una escuela.
Para Ali el miedo no es sólo ser atrapado y detenido en alta mar sino expulsado al desierto, como fue el caso de más de un millar de personas, entre ellas amigos, después de que las autoridades les abandonaran en las inhóspitas fronteras con Argelia y Libia, sin acceso a comida ni agua.
El preludio del memorando con la UE
Desde primeros de 2023 hasta el 31 de agosto de ese mismo año, más de 114.000 migrantes desembarcaron en Italia por mar, principalmente desde Túnez, superando a su vecina Libia como principal punto de salida en la ruta del Mediterráneo Central.
El conocido como «Equipo Europa», formado por la presidenta de la Comisión, Úrsula Van der Leyen, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el entonces jefe de Gobierno de Países Bajos, Marc Rutte, activaron su maquinaria diplomática con dos visitas al país en poco más de un mes.
Los viajes dieron como resultado un memorando de estabilidad financiera y control migratorio, en plena polémica sobre el trato a la comunidad subsahariana; al tiempo que aumentaba la tensión política por la ola de detenciones contra destacadas figuras de la sociedad civil, periodistas y opositores.
Este año, las llegadas han disminuido un 60% y Libia ha retomado su liderazgo sobre Túnez.
Seguro, o no, depende de quién
La posibilidad de establecer en Túnez un modelo similar al de Albania, con centros de internamiento, sobrevoló durante las negociaciones previas para este memorando, pero Said se niega a pagar las consecuencias de un orden mundial «inhumano» o, lo que es lo mismo, que su país se convierta en lugar de asentamiento o tránsito para migrantes.
Pero este modelo migratorio se ha topado con el Tribunal de Roma que se ha pronunciado sobre la legalidad de deportar a personas procedentes de un país «no seguro», anulando el traslado de los primeros migrantes a Albania.
Sin embargo, el Gobierno de extrema derecha de Meloni contraatacó y aprobó este lunes un decreto para establecer por ley una lista de países considerados «seguros», que incluye a Túnez.
Los tunecinos son la segunda nacionalidad (13%) de quienes alcanzan sus costas y que, por acuerdos bilaterales desde hace una década, pueden ser repatriados aunque varios tribunales han aceptado recursos recientemente al considerar que el Estado no garantiza que todos sus ciudadanos estén libres de persecución.
Su expulsión «podría incluir personas que huyen de persecución, tortura u otros daños graves y que tienen la intención de buscar asilo en el extranjero», reza una carta firmada a principios de octubre por medio centenar de organizaciones, entre ellas AI, Human Rights Watch y el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES), en un contexto de alta tensión política y denuncias por la «creciente represión».
«Un alarmante deterioro de las libertades civiles y los derechos fundamentales en Túnez, que afecta tanto a la población migrante como a los ciudadanos tunecinos», alertan defensores de derechos humanos. EFE
