Trípoli.- Milicias en el oeste de Libia arrestaron a cerca de 4.000 personas, muchos de ellos migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, en el marco de una supuesta redada contra la droga ordenada por el Gobierno Nacional de Unidad Nacional (GNU) transitorio, y que ha extendido la inquietud entre las organizaciones humanitarias internacionales al incluir a decenas de mujeres y menores.
Según explicó hoy el ministerio de Interior dependiente del primer ministro interino, Abdulhamid Dbaibah, la operación tuvo lugar el viernes en el depauperado distrito de Gargaresh, situado a unos 12 kilómetros, en el extrarradio de Trípoli.
Gargaresh es conocido también por ser uno de los fortines de las mafias que se lucran con todo tipo de contrabando en Libia, desde combustible a armas y personas.
La operación, en la que participaron decenas de efectivos de las milicias que integran el ministerio de Interior, arrancaron caída la tarde y su objetivo principal fueron las chabolas en las que suelen hacinarse los migrantes, tanto los que trabajan en Libia en busca de sustento como quienes lo hacen para tratar de pagarse un pasaje clandestino a Europa.
Cientos de estos migrantes fueron después esposados, subidos a diferentes camiones y llevados a un lugar que no ha sido revelado, tal y como mostraron las imágenes de los testigos difundidas a través de las redes sociales.
Según diversas fuentes locales, los arrestados fueron trasladados a un Centro de Recolección y Devolución en Trípoli, una institución conocida por las malas condiciones higiénicas y sanitarias y las constantes denuncias de abusos e incluso torturas.
En declaraciones a la prensa local, la fiscalía general libia aseguró que la operación pretendía «atacar propiedades usadas para inmigración ilegal, el tráfico de drogas, alcohol y armas» mientras que el primer ministro interino elogió a los «héroes del Ministerio del Interior» por operar contra «los traficantes de drogas que tienen como objetivo a la juventud libia».
Libia es un estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que 2011 la OTAN contribuyera militarmente a la victoria de los distintos grupos rebeldes sobre la dictadura de Muamar al Gadafi.
En la actualidad el país sigue dividido en dos frentes políticos, pese a los esfuerzos de mediación de la ONU, y es presa de las milicias, los mercenarios y las distintas mafias, que han establecido un sistema de economía corsaria a través del norte de África y el Sahel.
En marzo, el Foro para el Diálogo Político para Libia (FPDL), un organismo no electo creado «ad hoc» por la ONU, designó un Gobierno Nacional de Unidad transitorio con el cometido de dirigir el país hasta la celebración de elecciones presidenciales y legislativas, previstas para el 24 de diciembre.
Sin embargo, las disputas entre el Parlamento (HoR) -bajo tutela del mariscal Jalifa Hafter en la ciudad oriental de Tobrouk- y el Consejo Supremo de Estado, próximo al primer ministro interino en Trípoli- sobre la reforma de la ley electoral amenazan con impedir la consulta y desatar las disputas que en 2018 llevaron a la guerra civil.
