México.- El 45 % de los migrantes en los municipios de Reynosa y Matamoros, en el nororiental estado mexicano de Tamaulipas, que fueron atendidos por Médicos Sin Fronteras (MSF) en el lapso de un año padecieron algún tipo de violencia durante su ruta, afirmó este jueves la organización.
«Entre junio de 2018 y junio de 2019, el 45 % de los 2.315 pacientes de salud mental (migrantes, solicitantes de asilo, refugiados o retornados) atendidos por MSF en Reynosa y Matamoros manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia durante la ruta migratoria», informó la ONG en un boletín.
De ese 45 %, el 33 % aseguró haber sido agredido físicamente y el 19 % sufrió violencia sexual.
Por ello, la ONG instó al Gobierno mexicano a mejorar la asistencia humanitaria ahora que Protocolo de Protección a Migrantes de los Estados Unidos colocó a Tamaulipas como punto de espera de los solicitantes de asilo en Estados Unidos.
La falta de albergues y condiciones salubres, agua potable, drenaje y atención en salud en municipios como Matamoros ha provocado que los migrantes pasen la noche a la intemperie expuestos a los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, que se disputan el control de actividades criminales en la ciudad, alertó MSF.
«Es inaceptable que personas vulnerables, mujeres, niños, familias y hombres sean forzados a vivir en condiciones de riesgo debido a la violencia de las redes criminales y también al trato inhumano al que son sometidos por parte de México y Estados Unidos», dijo en un boletín Marcelo Fernández, jefe de misión de MSF en México.
Otros de los problemas a los que se enfrentan los viajeros son secuestro, extorsión, robo a mano armada y violencia sexual, por lo que el Estado mexicano ha decidido trasladar a los grupos solicitantes de asilo hacia el sur del país.
La situación preocupa a la organización porque esto obliga a las personas a volver a su punto de partida, y las condena a reiniciar sus trayectos hacia el norte, por rutas «altamente peligrosas».
Sin embargo, los migrantes no son las únicas víctimas de la violencia que se vive en Tamaulipas, los defensores de los derechos humanos han sido blanco de secuestro.
Tal es el caso de Aarón Méndez, director del albergue para migrantes Casa AMAR, en Nuevo Laredo, y Alfredo Castillo, quien colabora en el mismo albergue, desaparecidos desde el pasado 3 de agosto.
De acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) los activistas fueron vistos por última vez en la puerta de acceso al albergue y privados de la libertad posiblemente en el contexto de su labor de asistencia humanitaria.
«A un mes de la desaparición de los señores Méndez y Castillo se debe intensificar su búsqueda. Resulta esencial que las autoridades federales y estatales realicen una búsqueda exhaustiva que tenga en cuenta la labor de defensa que ambos realizaban y agote todas las posibles fuentes de información para dar con su paradero», apuntó en un boletín Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.
Desde octubre de 2018 se ha intensificado el flujo de migrantes procedentes en su mayoría de Centroamérica que atraviesan México con el objetivo de llegar a Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a finales de mayo la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos como castigo al país por no frenar la migración.
El 7 de junio se llegó a un acuerdo para evitar los impuestos, lo que se ha traducido en el despliegue de miles de agentes de la Guardia Nacional de México en las fronteras sur y norte para controlar el fenómeno migratorio.
