Los Ángeles – La primera muerte a causa del coronavirus en un centro de detención de inmigrantes augura ser el inicio de una tragedia mayor que acabará con la vida de muchos indocumentados encerrados en una «trampa mortal» si no se toman medidas inmediatamente, advierten expertos.
La alarma se desató tras el deceso de un indocumentado que permanecía en cuidados intensivos en un hospital tras ser contagiado de COVID-19 en el Centro de Detención de Otay Mesa, California.
LA TRAMPA MORTAL
Con casi 200 casos confirmados, la cárcel, ubicada a 8 kilómetros de la frontera de San Diego, California, con Tijuana, México, tiene el mayor brote de COVID-19 de cualquier centro de detención migratoria del país, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que junto a otras organizaciones había alertado sobre las condiciones de hacinamiento en el centro.
“Esta es una tragedia terrible, y fue completamente predecible y evitable”, aseguró en un comunicado Andrea Flores, subdirectora de política de inmigración de ACLU.
“Durante meses, los expertos en salud pública y los funcionarios correccionales han advertido que los centros de detención serían el ambiente ideal para la propagación de la COVID-19, y una trampa mortal para miles de personas en detención civil”, resaltó.
OÍDOS SORDOS DEL GOBIERNO
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, ACLU y otras organizaciones como Southern Poverty Law Center (SPLC) y el Proyecto de Derechos de los inmigrantes del Noroeste (NWIPR), pidieron al Gobierno del presidente Donald Trump liberar a los inmigrantes detenidos argumentando que las ofensas migratorias son de carácter civil.
En todo el país, al menos 705 inmigrantes bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han dado positivo al coronavirus, de acuerdo con la agencia.
Ante la negativa del ICE de liberar incluso a inmigrantes en mayor riesgo de contraer el coronavirus por su edad y sus condiciones médicas, la batalla legal llegó a los tribunales. Decenas de demandas de emergencia se han presentando en todo el país.
Respondiendo a una demanda de ACLU, hace una semana el juez federal Dana Sabraw, con sede en San Diego (California), ordenó al ICE liberar a más de 50 detenidos en alto riesgo de contraer la enfermedad.
“Hoy una de esas personas ha muerto porque el ICE se negó a liberarlo cuando aún tenía la oportunidad de sobrevivir a este virus mortal”, considera la abogada Monika Langarica de ACLU.
PELEANDO POR SUS DERECHOS
La organización comunitaria Pueblo Sin Fronteras confirmó a Efe que el fallecido es el salvadoreño Carlos Ernesto Escobar Mejía, de 57 años, quien participó en la huelga de hambre que los inmigrantes detenidos efectuaron para que se les garantizaran medidas de seguridad sanitaria.
Escobar sufría de diabetes, y estaba en detenido en Otay Mesa desde enero. El inmigrante llegó a Estados Unidos en la década de 1980 junto con su madre y sus cuatro hermanos, y era el único de la familia que no había podido legalizarse, según información recogida por el periódico Los Angeles Times.
Efe solicitó información sobre el deceso en repetidas ocasiones al ICE pero la agencia se ha negado a contestar.
El silencio de las autoridades federales ha llamado la atención de los legisladores del Caucus Hispano del Congreso (CHC). “Si bien el ICE no ha confirmado la muerte y todos los detalles aún están pendientes, es evidente que esta tragedia es exactamente lo que los legisladores, médicos y expertos en salud pública han estado trabajando para evitar”, dijo en un comunicado el congresista Joaquín Castro, presidente del CHC
LA PUNTA DEL ICEBERG
Para Laura Rivera, directora de la Iniciativa de Libertad de Inmigrantes de SPLC, “la pandemia solo exacerba la cruel indiferencia (del Gobierno Trump) con los migrantes”.
En ese sentido, Paola Luisi, codirectora de Families Belong Together, dijo en un comunicado temer «que esta trágica muerte sea la primera de muchas (por coronavirus) si los funcionarios de inmigración continúan ignorando deliberadamente a los expertos en salud pública”.
“No se puede enjaular un virus, y es imposible distanciarse físicamente de manera segura tras las rejas”, apuntó.
Según datos del legislador Castro, el ICE solo ha evaluado por COVID-19 a menos de 5 % de los detenidos y alrededor del 50 % han dado positivo.
El portavoz del ICE, Bryan Cox, aseguró en una entrevista con ProPublica que hasta el 25 de abril tenía menos de 30.000 migrantes detenidos, una disminución de más de 20 % desde fines de febrero cuando se desató la emergencia.
Mañana viernes el ICE deberá acudir al Tribunal de San Diego para presentar un informe sobre la orden dada por el juez Sabraw ante la acción legal de ACLU.
Langarica advierte que no se debería esperar más. “Seguimos pidiendo al ICE y al operador CoreCivic que actúen con urgencia y con humanidad», dijo.
Por su parte, Castro hizo un llamado al Gobierno para que “como mínimo» libere a personas vulnerables con afecciones subyacentes, inmigrantes mayores y mujeres embarazadas para reducir el número total de detenidos.
Mientras Rivera, de de SPLC, advierte que alrededor del país los activistas se mantendrán vigilantes y firmes en los pedidos de urgencia de liberar hasta la última persona que permanece enjaulada por esta “agencia despiadada”.
“Nuestra ventana para evitar una calamidad total y una mayor pérdida de vidas está disminuyendo rápidamente. Debemos liberarlos a todos ahora”, puntualiza.
