Managua – Nicaragua registra 153 fallecidos a causa de la pandemia de la COVID-19, incluido dos en la última semana, y 5.264 casos confirmados desde que la enfermedad ingresó al país a mediados de marzo pasado, según el informe semanal divulgado este martes por el Ministerio de Salud.
En los últimos siete días hubo dos nuevos fallecidos atribuibles a la COVID-19 y 94 casos confirmados o probables por clínica en los últimos siete días, según el reporte oficial.
Sobre los decesos, el Ministerio de Salud indicó que «se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento, debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas», aunque no especificó ni la cantidad ni si los pacientes estaban diagnosticados con coronavirus.
Según el parte del Ministerio de Salud, desde el inicio de la pandemia hasta este martes han «atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 4.225 personas», y que otras 80 que permanecían bajo una condición similar «han cumplido el periodo establecido».
Los datos del Ministerio de Salud mantuvieron el contraste con los del independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos y voluntarios que da seguimiento a la pandemia, que reporta 2.751 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 10.513 casos sospechosos.
El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega no ha precisado el número de pruebas que ha realizado y se ha limitado a informar del número de casos confirmados, las muertes y recuperados.
El Ejecutivo ha sido criticado desde diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y por no haber suspendido las clases presenciales en medio de la pandemia y apenas establecer restricciones.
El presidente Daniel Ortega se declaró en contra de la campaña «Quédate en casa» porque, a su juicio, destruiría la economía local, que se ha contraído los dos últimos años y que es mayoritariamente informal.
