Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), alertó hoy que el ambiente familiar dejo de ser un espacio protector para la niñez luego de la captura de dos personas en Catacamas, Olancho por la presunta compra venta de una niña de 11 años, por lo que exhortó al Ministerio Público y a la Secretaría de la Niñez y la Familia (SENAF) actuar con la debida diligencia para evitar que este hecho quede impune.
La captura se realizó esta semana contra dos personas. Uno de los detenidos aceptó haber pagado “4 mil lempiras” por la niña. Por su parte la madre de la niña, que también fue detenida, negó las acusaciones. Ambos permanecen bajo custodia policial.
Cándida Maradiaga, Coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, calificó el hecho como uno de los más extremos de los últimos años.
Este caso nos ha causado mucha indignación y una preocupación por el extremo al que se está llegando en nuestro país respecto a la protección que se les debe proveer a las niñas y los niños en el ambiente familiar, indicó
Estamos viendo que más bien es en el ámbito familiar donde se le están violentando los derechos de las niñas y los niños, manifestó.
“Ningún niño o niña debe ser objeto de compra o venta. Estamos obligados como ciudadanos, como familia y como institución a generar ambientes protectores a la niñez”, agregó.
Desde el Conadeh hacemos un llamado al Ministerio Público para que se haga una investigación con la debida diligencia y se sancione a los responsables, indicó Maradiaga.
La SENAF y el Ministerio Público deben actuar con la debida diligencia, siempre teniendo como ente rector el principio del interés superior del niño y de la niña, añadió.
Fallas en prevención y atención
La defensora de los derechos de la niñez alertó que este caso evidencia también las fallas de los sistemas de investigación de nuestro país, así como de los sistemas de protección que no están emprendiendo acciones preventivas para evitar que casos como estos sigan ocurriendo.
Maradiaga solicitó “atención psicosocial inmediata” para la víctima y la creación de mecanismos de “alertas tempranas” en centros educativos para identificar factores de riesgo.
Es lamentable que los padres y las familias que deben de ser los primeros espacios de protección de los niños y las niñas estén siendo los que ubiquen a los niños en grave vulnerabilidad, concluyó.
