Washington – La política del Gobierno de Donald Trump «Permanezcan en México», que obliga a los solicitantes de asilo centroamericanos a esperar en ese país una respuesta de Estados Unidos a su petición, pasó este martes a examen del Congreso, donde los demócratas criticaron que se criminalice ese derecho.
«No es un crimen solicitar asilo en Estados Unidos», apuntó el congresista Al Green durante una audiencia especial llamada «Examen de los derechos humanos y las implicaciones legales de la política del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) ‘Permanezcan en México'».
Durante dos horas, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja escuchó a abogados, expertos y funcionarios sobre las consecuencias de esta política ideada por la Administración Trump.
La política de Protocolos de Protección al Migrante (MPP, en inglés), más conocida como «Permanezcan en México», empezó a aplicarse a finales de enero en tres puntos de entrada de la frontera común y en junio, con la venia de México en medio de las negociaciones para un acuerdo con Washington, se amplió a toda la zona limítrofe.
ESPERAR EN UN LUGAR SEGURO
Para la abogada Erin Thorn Vela, de la organización Texas Civil Rights Project, «no hay duda de que esta política ha erosionado el acceso de todos al asilo y la posibilidad de esperar en un lugar seguro».
Thorn Vela consideró que la «seguridad» es un derecho para quienes buscan esta protección, y puntualizó que así está consagrado en los tratados internacionales, la Constitución y los «principios básicos» de humanidad.
Esta experta denunció que en ocasiones los carteles mexicanos «secuestran personas y extorsionan familias por dinero», e incluso habló de personas que han sido maltratadas y torturadas.
«Nadie debería estar en este programa», opinó la experta, quien lamentó que los solicitantes de asilo pueden ser víctimas de todo tipo de ataques «con impunidad y sin ningún Gobierno al que le importe».
SIN ACCESO A LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE
La abogada Laura Peña, quien ejerce de forma voluntaria para American Bar Association, lamentó que este programa prive a los solicitantes de asilo «del pleno acceso al sistema de justicia estadounidense».
Peña admitió que su propia seguridad ha estado en riesgo cuando cruza a México, al relatar que en una ocasión hombres armados irrumpieron en el lugar donde se reunía con unos clientes.
La abogada criticó las audiencias de inmigración -en su mayoría por videoconferencia- en las que se procesan a las personas que han presentado su pedido.
Para la jurista, este sistema tecnológico es «poco confiable» y genera retrasos que pueden «traumatizar aún más a los solicitantes de asilo».
CRÍTICAS DEMÓCRATAS
A juicio del congresista Green, quien representa al estado de Texas (en la frontera con México), cuando se trata a los solicitantes de asilo como criminales, de alguna manera se concluye «que está bien encerrar a sus hijos en jaulas».
«Esta Administración concluye que los solicitantes de asilo son delincuentes. Y no son delincuentes», agregó.
La congresista Verónica Escobar, también demócrata de Texas, consideró que los MPP han creado «un nuevo ecosistema de actividad criminal» en la frontera con México, que pone a los migrantes en «riesgo de violaciones a los derechos humanos y muchos peligros».
Su colega, Nanette Barragán, indicó que el Gobierno de Trump está enviando a estos inmigrantes de vuelta a lugares «tan peligrosos como Siria», y señaló como «aún más insultante» que llamen a esto «protección».
