Tegucigalpa – No existe ninguna excusa para modificar tratados o acuerdos migratorios con las iglesias, opinó este martes el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.
En ese sentido el parlamentario expresó sus críticas contra las recientes decisiones del gobierno en materia de política migratoria y su relación con las iglesias en el país. Umaña cuestionó abiertamente la asesoría que recibe la Presidencia de la República y señaló que el Estado es un constante violador de las leyes migratorias, poniendo como ejemplo la situación de los médicos cubanos en Honduras.
«Me pregunto sinceramente quién asesora a la Presidencia de la República. El Estado es un violador constante de las leyes migratorias, como se ve en el caso de los médicos cubanos», afirmó Umaña.
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El diputado también manifestó su preocupación por las recientes acciones del gobierno contra las iglesias, destacando el papel positivo que estas han tenido en la sociedad hondureña y la falta de antecedentes de actividades antisociales o de introducción de ideologías extrañas por parte de estas instituciones.
«No existe ninguna excusa para modificar tratados o acuerdos migratorios. Parece que el único fin es el control y el irrespeto a la libertad de culto, garantizada por nuestra Constitución», continuó Umaña.
Según el diputado, las acciones del gobierno buscan restringir la capacidad de las iglesias para traer personas de otras nacionalidades, lo que considera un atropello a la libertad religiosa.
El doctor Umaña criticó además la aparente contradicción del gobierno al llamar ahora a las iglesias para «socializar» después de implementar políticas restrictivas. «Hoy que ya la erraron, llaman a las iglesias para socializar. Qué lástima dan copiando modelos dañinos de otros países», expresó.
Finalmente, el diputado del PSH lanzó una advertencia sobre posibles futuras acciones del gobierno contra las iglesias. «¿Qué vendrá después? ¿La expropiación de sus bienes?», preguntó retóricamente Umaña, subrayando su preocupación por la dirección que están tomando las políticas gubernamentales.
La comunidad religiosa y varios sectores de la sociedad hondureña se han pronunciado sobre el tema y esperan una clarificación de las intenciones del gobierno y una reconsideración de las medidas que han sido implementadas, buscando asegurar el respeto a la libertad de culto y los acuerdos migratorios vigentes.