Naciones Unidas – Numerosos dirigentes del gobierno de los talibanes en Afganistán están en contra de prohibir la educación para las niñas y adolescentes, pero se enfrentan con el rechazo de su “emir” y máximo líder, el mulá Hibatullah Akhundzada, según el responsable de Unicef en el país.
Entrevistado por EFE, el español Fran Equiza, representante de Unicef en el país y residente en Kabul, explica cómo en sus múltiples entrevistas se ha encontrado con que “la inmensa mayoría de ministros y gobernadores provinciales” (es decir, los niveles más altos de gobierno) son partidarios de no interrumpir la escolarización de las niñas al terminar la educación primaria, pese a ser un decreto del gobierno.
Sin embargo, todos dicen que la decisión de revertir ese decreto corresponde al emir, que como tal tiene una autoridad política, religiosa e ideológica en un país sin una clara separación de poderes.
Equiza, de visita en Nueva York en medio de una gira por varios países para explicar la actividad de Unicef en Afganistán y las dificultades que encuentra su personal para trabajar y abogar por que no cese la asistencia occidental en un país donde 28 millones de habitantes dependen de uno u otro modo de la ayuda humanitaria.
Los talibanes han prohibido la educación de las niñas a partir de la escuela secundaria, lo que ha dejado a aproximadamente -no hay cifras exactas actualizadas- un millón de niñas privadas de escolarización, una decisión que ha merecido la condena unánime del mundo, incluso de los países musulmanes más conservadores.
UN EVENTUAL RETORNO DE LAS NIÑAS CON CONDICIONES
Las escuelas primarias -precisa Equiza- siguen abiertas para las niñas en todo el país, permitiendo que unos 2,5 millones de alumnas acudan a clase, lo que para Unicef es muy importante por varias razones: propicia la socialización de las niñas, además del aprendizaje, permite que las madres puedan salir de casa aunque sea para acompañar a sus hijas y pone a las niñas frente a un modelo de “mujer profesional asalariada” en la persona de la maestra.
Para restablecer el derecho de las niñas a seguir en la escuela secundaria, los talibanes exigen constantemente tres cosas: clases segregadas por sexos, con maestras mujeres para niñas y con un código vestimentario, algo que en la realidad ya se cumple en la primaria.
Pero en todo caso, revocar esa exclusión del alumnado femenino es una decisión que solo puede tomar el emir talibán, un hombre muy esquivo que reside en Kandahar (este del país y feudo histórico de los talibanes) y al que solo contadas personas tienen acceso.
Sus apariciones públicas son contadas con los dedos de la mano, y de hecho tuvieron que pasar diez meses, tras la toma de poder por los talibanes en agosto de 2021, para que apareciera en junio siguiente en un encuentro que reunió a unos 3.000 eruditos islámicos y ancianos tribales en Kabul.
No se conoce que se haya reunido con ningún dirigente internacional ni embajadores en el país, y la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohamed, visitó el país en enero sin verse con él.
LA ONU SIGUE EMPLEANDO A MUJERES
En cuanto a la prohibición de trabajar para las mujeres tanto en las ONG como en las agencias de la ONU, decretada en dos momentos entre enero y abril pasados, Equiza subraya que hay bastante confusión sobre su alcance, así como numerosas excepciones.
La confusión procede del hecho de que la salud y la educación han sido dos sectores excluidos de ese veto, pues los talibanes entienden que las mujeres son necesarias para enseñar a las niñas y para prestar servicios sanitarios a otras mujeres; además, y con respecto al resto, no han dejado claro si la prohibición significa todo tipo de empleos o solo los que suponen actividad exterior.
En cuanto a las excepciones, Equiza afirma que la exclusión laboral de las mujeres se aplica de modo muy distinto según qué provincias y con qué autoridades, y explica, por ejemplo, que él “siempre” se hace acompañar de mujeres afganas en sus visitas sobre el terreno a modo de declaración de principios, lo mismo que hacen otros colegas de otras agencias de la ONU.
En realidad, la presencia de trabajadoras se ha convertido en un asunto que se negocia pacientemente caso por caso, y puso un ejemplo: en una operación de transferencia de dinero en metálico para las familias, el gobernador vetó a las mujeres de su equipo, y cuando Unicef respondió “sin mujeres, no hay fondos”, llegaron al acuerdo de reservar unas horas solo para mujeres y otras para hombres.
En otros casos, como el cuidado de niños abandonados en albergues públicos, no se ha conseguido aplicar ninguna excepción y los albergues se han quedado sin fondos internacionales.
Es decir -lamenta Equiza- que aunque se apliquen excepciones, las operaciones se hacen costosas: obligan a duplicar personal masculino y femenino, se hacen más complicadas y son, sobre todo, “extremadamente frágiles”, pues pueden venirse abajo en cualquier momento.
