Fotografía de migrantes con tapabocas el 17 de abril de 2020, en un albergue en la comunidad Lajas Blancas, en Darién (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá – El ombudsman de Panamá, Eduardo Leblanc, dijo este lunes que Colombia no ha cumplido un acuerdo de intercambio de información sobre los migrantes que, en su viaje hacia Norteamérica, atraviesan la peligrosa selva que sirve de frontera natural entre ambos países, y pidió al Gobierno colombiano que lo haga «en pro de los derechos humanos» de esta población.

Leblanc recordó en una entrevista con Efe que las cancillerías de Panamá y Colombia firmaron el pasado 30 de abril «un acuerdo donde debía haber un intercambio de información» sobre los migrantes que salen del país andino hacia el centroamericano, pero dijo tener conocimiento «de que ese intercambio de información no se dio».

Es por ello que el titular de la Defensoría del Pueblo panameña extendió «un llamado respetuoso al Gobierno colombiano a que intercambie información en pro de los derechos humanos de aquellos que vienen en camino hacia el norte».

UN FLUJO MIGRATORIO QUE NO CESA

De acuerdo con las cifras oficiales panameñas, entre enero y abril pasado 11.370 migrantes extrarregionales en tránsito procedentes de Colombia, uno de los países de América del Sur que atraviesan en su viaje hacia el norte del continente, llegaron a Panamá.

Lo hicieron pese a que entonces permanecían cerradas las fronteras de Colombia, que fueron abiertas el pasado 19 de mayo.

Ahora son las fronteras terrestres, marinas y fluviales de Panamá con Colombia las que están cerradas, desde el 20 de mayo, en razón de la salvaguarda de la salud de los panameños en medio de la pandemia, pero igual siguen llegando los migrantes, dijo Leblanc.

«Sí (siguen llegando), de hecho ahorita tenemos 564 (migrantes en Darién) hasta primeras horas del día y siguen entrando a través de las trochas», afirmó el defensor, que aseguró que las autoridades panameñas de Seguridad y Migración han dicho que «no devolverán» a nadie que haya entrado al país.

Los migrantes en tránsito que llegan a Panamá son llevados a estaciones migratorias, donde se les da atención sanitaria y de alimentación y se asegura su paso seguro y controlado por el país hasta su salida hacia Costa Rica.

Ante la creciente llegada de esta población en movilidad, que aprovecha la época seca para atravesar más fácilmente el Darién, Panamá propuso a Colombia un esquema de «flujo controlado» y finalmente se llegó al acuerdo firmado el 30 de abril.

INFORMACIÓN PARA AYUDAR EN LA DEFENSA DE LOS DD.HH.

Colombia, dijo Leblanc, no lleva un censo como el de Panamá, pero, agregó, si «abriera un poquito más la información pudiéramos defender mucho mejor los derechos de estas personas que salen de sus países buscando un mejor futuro».

El Tapón de Darién es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo debido a las características propias de una selva tropical, pero también por la presencia de grupos armados y organizaciones criminales transnacionales.

Cada año miles de migrantes irregulares de todo el mundo atraviesan esta selva y muchos cuentan que han sido asaltados allí o que han visto morir a compañeros de viaje.

En los últimos años este flujo de migrantes está compuesto sobre todo por familias haitianas, aunque también hay cubanos y, en menor medida, ciudadanos de países africanos y asiáticos.

Leblanc resaltó que una data procedente de las autoridades colombianas ayudaría a confirmar «cuántos» de estos migrantes «se quedaron atrás en la selva, si hay en realidad desaparecidos, conocer más o menos nacionalidades», porque las autoridades se enteran de algunos detalles cuando el propio migrante hace una denuncia al llegar a Panamá.

En ese sentido, Leblanc informó que el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá detuvo a 5 ciudadanos extranjeros y uno panameño, quienes serían presuntos miembros de «una de las bandas» que operan en las trochas del Darién y estarían vinculados a la violación de dos menores migrantes de 12 y 16 años.

La Fiscalía panameña también investiga la muerte de 4 migrantes en tránsito -3 hombres y una mujer-, cuyos cadáveres fueron hallados en abril pasado en el Río Turquesa, cerca la frontera común.