Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, emitió este martes una serie de recomendaciones al Poder Ejecutivo, autoridades municipales y sector privado, para proteger y atender más a las personas migrantes y eliminar progresivamente las causas estructurales del fenómeno migratorio irregular.
En conferencia de prensa, el Ombudsman hondureño, presentó un informe preliminar sobre la atención humanitaria a personas migrantes forzadas en su ruta hacia el norte de América, en la que insta al Poder Ejecutivo a proteger y atender más a las personas en contexto de migración forzada.
Herrera Cáceres es del criterio que se debe garantizar, en Honduras, de manera inmediata, la equidad y estabilidad de los precios de la canasta básica y proteger debidamente al consumidor o usuario con atención especial a la satisfacción de las necesidades vitales de los más pobres o necesitados.
Indicó que, las causas de la migración forzada, expresadas reiteradamente también por los migrantes, son las de pobreza que afecta su nivel básico de vida digna, agravado por el desempleo, el alza de precios de la canasta básica, la desprotección del consumidor o usuario, el alza de tarifas de servicios públicos y la falta de calidad y asequibilidad a los mismos, en particular para quienes viven en condiciones de pobreza.
A lo anterior sumó la inseguridad derivada de la violencia en especial de pandillas y crimen organizado que se ensaña sobre los más pobres y socialmente vulnerables.
El Defensor del Pueblo declaró que se debe asegurar la calidad, accesibilidad y mayor eficiencia y eficacia de los servicios públicos como deberes y responsabilidades institucionales del Estado hacia su pueblo.
Entre estos mencionó servicios como los de salud, educación, agua, medio ambiente, alimentación, vivienda y otros que son componentes del mínimo básico para la vida digna de las personas y comunidades, en especial para quienes viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Otra de las recomendaciones del Conadeh, al Poder Ejecutivo, es que, en colaboración con otros poderes públicos e instituciones del Estado, se implementen medidas nacionales de seguridad humana para el desarrollo sostenible de los municipios y el arraigo y bienestar de sus habitantes.
Agregó que, para ese efecto, se debe promover y apoyar concreta e incesantemente el bienestar de las comunidades municipales mediante la implementación transparente y verificable de un Plan nacional de apoyo subsidiario al desarrollo sostenible de los municipios.
Con ese propósito, se deben aprovechar los espacios disponibles y apoyar efectivamente la consolidación y promoción de la estrategia de seguridad humana para el desarrollo local sostenible que, con el nombre de “Municipios de Bienestar Solidario”, ya están comenzando a funcionar, como modelo propio hondureño, en los 18 departamentos de la República.
Herrera Cáceres, recomendó en su informe, orientar más los recursos del Presupuesto General de la República a la inversión social en todos los municipios de Honduras, en particular en salud, educación, trabajo, vivienda y en todos aquellos sectores que contribuyan a mejorar la condición de vida de los habitantes, con atención especial a los grupos más vulnerables de la población.
Además, que se incluya dentro del propuesto Plan Nacional de Apoyo Subsidiario al Desarrollo Local Sostenible, la conjugación de los recursos económicos y capacidades previstas para el Plan de la Alianza para la prosperidad de los países del Triángulo Norte.
Además, la implementación, en Honduras, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y los eventuales programas trilaterales de cooperación para el desarrollo sostenible, entre Honduras, México y los Estados Unidos de América y otros Estados u organizaciones internacionales.
Añadió que, se debe solicitar cooperación prioritaria a las organizaciones subregionales y del Sistema de las Naciones Unidas, así como a otros cooperantes bilaterales y multilaterales, que complementen los recursos y capacidades nacionales para la implementación transparente y verificable de un Plan Nacional de Apoyo Subsidiario al Desarrollo Local Sostenible.
El Ombudsman hondureño abogó por la inclusión de una estrategia pragmática y pronta de trabajo decente y productivo, capacitación laboral permanente e innovación empresarial responsable, en cada municipio, así como la estrategia marco de seguridad humana para el desarrollo sostenible municipal, promovida por el CONADEH y ya en curso de ejecución en treinta y seis municipios en los dieciocho departamentos de Honduras.
El ente estatal recomendó al sector privado, dar una mayor contribución y esfuerzos para favorecer la seguridad humana y el desarrollo local sostenible, sobre la base de la relación evidente entre empresas y derechos humanos que demanda también un aporte equitativo y complementario más significativo a los recursos de los municipios para atender los requerimientos de los habitantes, en particular los más desfavorecidos.
El Conadeh calificó como “un acontecimiento excepcional e inesperado, en América”, el fenómeno migratorio masivo, en caravana hacia el norte de América, de alrededor de siete mil hondureños que integraron inicialmente el flujo de migrantes y que luego se amplió, durante la ruta de tránsito, al realizarse una segunda caminata e incorporarse migrantes de otros países.
Agregó que, de ser inicialmente un grupo exclusivamente hondureño que, en su casi totalidad, se juntó para hacer su migración forzada con posterioridad se amplió y conformó como un grupo centroamericano de migrantes forzados de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
Afirmó que, dada la magnitud y características de la corriente migratoria centroamericana, las instituciones del Estado de Honduras, El Salvador, Guatemala y México fueron rebasadas en sus instalaciones y capacidades humanas, en particular, para recibir y tramitar solicitudes de asilo y atender necesidades humanitarias de migrantes individuales:
Señaló que, lo anterior se agravó, aún más, por la advertencia de la administración de los Estados Unidos de América de suspender la cooperación internacional a los países de origen y de tránsito en caso de que esa corriente de migrantes no fuese interrumpida y prevenida la formación de otras.
