Roma – Las ONG que operan en el Mediterráneo Central rechazan el “decreto de flujos” aprobado este miércoles en Italia, al considerarlo un «paso alarmante» que reduce la capacidad de rescate de las organizaciones humanitarias y que llevará a un «aumento de muertes en el mar».
La nueva norma aprobada por el Parlamento a instancias del Gobierno de la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, que ha hecho de la migración uno de sus caballos de batalla, es «otra escalada en la obstrucción sistemática de la búsqueda y el rescate no gubernamental en el mar», se indica en un comunicado conjunto firmado por ocho ONG.
La medida, que regula las entradas de migrantes para el trienio 2025-2027 e incluye una nueva lista de países considerados «seguros» como Bangladés Egipto y Marruecos, para favorecer las repatriaciones, también incorpora medidas que complican la labor humanitaria de las ONG.
Éstas tacharon la ley de «dañina, propagandística y deshumanizadora, además de claramente ilegítima» y acusaron al Ejecutivo de Meloni de intentar eludir el derecho internacional a través de «leyes ordinarias, decretos, reglamentos y prácticas administrativas».
Es el «enésimo intento del Gobierno italiano de castigar la asistencia a las personas en dificultad en el mar y criminalizar a las ONG», dijeron las firmantes, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), Open Arms y SOS Humanity.
El decreto incluye medidas más duras contra estas organizaciones, con mayores sanciones y detenciones administrativas que permitirán, por ejemplo, multas de 10.000 euros y retenciones de aquellos aviones que sobrevuelen el Mediterráneo para identificar barcos de migrantes y no lo comuniquen «inmediatamente y con prioridad».
La consecuencia será, según las ONG, una «menor capacidad de rescate», pero también de monitoreo de las “violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, como omisiones de rescate, demora injustificada en las intervenciones y facilidades en las devoluciones forzadas como resultado de interceptaciones violentas”.
«Parece que el propósito es hacer la vida imposible a quienes salvan vidas humanas y atestiguan las violaciones del derecho internacional que ocurren a diario en el Mediterráneo central», criticaron en la nota y acusaron al Ejecutivo de tratar de «infligir el mayor daño posible a corto plazo».
Además, añaden, esta normativa tiene como objetivo debilitar el deber jurídico de señalar la presencia de embarcaciones en dificultad y temen que se esté intentando convertir los aviones de reconocimiento de las ONG en instrumentos al servicio del sistema de interceptación marítima de la guardia costera libia.
«De hecho, el decreto de flujos, convertido en ley, facilita el secuestro de un barco humanitario, el verdadero objetivo de este gobierno que no quiere testigos en la ruta migratoria más mortal del mundo», advirtió en una nota Juan Matías Gil, jefe de misión de MSF para la búsqueda y rescate en el mar. EFE
