San Salvador – Cerca de una veintena de organizaciones de derechos humanos pidieron este martes al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que fortalezca a dos comisiones gubernamentales de búsqueda de desaparecidos durante la guerra civil (1980-1992).
Dichas entidades son la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos (CNB) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas (Conabúsqueda).
«Estas Comisiones operan como un solo mecanismo con autonomía, pero dentro de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores», detallaron las organizaciones humanitarias en un comunicado y destacaron que la CNB «ha resuelto exitosamente» 107 casos de niños desaparecidos y la Conabúsqueda tiene 232 investigaciones en proceso.
De acuerdo con cifras oficiales y de activistas de derechos humanos, durante el conflicto armado salvadoreño fueron desaparecidas entre 8.000 y 10.000 personas, la mayoría por escuadrones de la muerte estatales o en manos del Ejército.
Las organizaciones pidieron a Bukele que, en su calidad de comandante general de las Fuerzas Armadas, ordene que se busquen y entreguen «todos los archivos que puedan contribuir a resolver los casos que, en el presente y el futuro, sean investigados por estas comisiones».
También solicitaron al mandatario, mediante una carta, que se agilicen las contrataciones pendientes para completar el equipo operativo y que son «indispensables para llevar a cabo las investigaciones desde un enfoque multidisciplinario».
Finalmente, exhortaron al jefe de Estado salvadoreño a «que no se afecte el presupuesto» de ambas comisiones, pese al golpe que ha significado la pandemia de la COVID-19 para la recaudación fiscal, que se estima caiga en unos 990 millones de dólares al cierre del 2020.
«Las familias de las personas desaparecidas en el conflicto armado han esperado entre 30 a 40 años para obtener una respuesta del Estado», indicaron en el documento, en el que también pidieron «que se mantenga el suficiente financiamiento en el presupuesto 2021».
Esta no es la primera ocasión en la que activistas de derechos humanos piden al mandatario que entregue documentos militares relacionados con crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil. EFE
