Ciudad de México – La reparación del daño para las familias de los 40 migrantes fallecidos y 42 sobrevivientes afectados en el incendio ocurrido el 27 de marzo pasado en una estación migratoria de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, norte de México, no puede limitarse a la entrega de recursos económicos, señalaron este miércoles organizaciones no gubernamentales (ONG).
Además, precisaron que una reparación efectiva incluye medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en lo individual y en lo colectivo.
Esto fue señalado este miércoles en un comunicado por el Instituto para las Mujeres en la Migración, la Fundación para la Justicia, Asylum Access México, Albergue Casa Tochan, entre otras organizaciones.
El domingo pasado, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que entregaría una indemnización económica a cada una de las 40 familias de las personas que fallecieron, un total de 140 millones de pesos (unos 8,2 millones dólares o 7,5 millones de euros) cifra determinada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav).
Las organizaciones, que trabajan en la defensa de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección, llamaron a la Ceav “a no seguir ejerciendo sus funciones en la opacidad dentro del proceso de reparación integral del daño” de familiares y sobrevivientes del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez.
También señalaron que esa entrega de dinero “no es una reparación, es sólo una compensación económica, una reparación integral del daño debe ser el resultado de un análisis serio y objetivo que a través de un dictamen de a conocer la Ceav”.
Agregaron que no es una facultad del INM emitir este dictamen, si no de la Ceav, y desde hace casi 5 meses esta comisión “se ha visto desdibujada de sus funciones y ha dejado al INM ser perpetrador, juez y parte”.
En su texto, las ONG indicaron que “si de verdad el Gobierno mexicano quiere realizar una reparación integral del daño, debe solicitar a la Ceav que cumpla con sus funciones y saque al INM de ese proceso”.
Además de tomar en cuenta a todas las víctimas y sobrevivientes -a la fecha las 15 mujeres no han sido reconocidas como víctimas-, anunciar medidas de no repetición suficientes y adecuadas, como el cierre de las estaciones migratorias, así como una disculpa pública donde el Estado y que el Comisionado del INM, Francisco Garduño, debería estar separado de su cargo mientras esté abierto el proceso penal en su contra.
El pasado 30 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) de México indicó que un video del incendio en la estación migratoria tenía que mantenerse en secrecía ya que forman parte de una investigación penal en proceso.
Mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo estar en desacuerdo con ocultar los videos y prometió que habrá justicia, tras más de cuatro meses del siniestro.
Tras la tragedia, una decena de personas han sido detenidas, mientras que a Garduño le fue abierto un proceso judicial porque la FGR lo acusa de omisión de funciones por su rol en los hechos, pero se mantiene en libertad y sin renunciar a su cargo.
El presidente López Obrador ha justificado en diversas ocasiones que Garduño permanezca como titular de Migración, aunque ha prometido que no se protegerá a nadie, además de que habrá justicia.
