El Cairo – El mundo afronta un futuro de cambio climático y rápida urbanización que no sólo expondrá a 2.000 millones de personas a sufrir temperaturas medias como mínimo 0,5 grados superiores para 2040, sino que lo hará con una fracción de la inversión necesaria para construir y mantener infraestructuras que prevengan los riesgos asociados.
Así lo revela el «Reporte Mundial de las Ciudades 2022: Ciudades y acción climática», el principal documento de análisis desarrollado por ONU-Hábitat, la agencia de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, que recoge perspectivas de cómo las ciudades contribuyen y al mismo tiempo son víctimas del cambio climático, que se presentó este martes en el marco del Foro Global de Urbanismo (WUF12) en El Cairo.
La directora Ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, resaltó en la presentación del informe la importancia «estratégica» del mismo, «ya que ahora mismo estamos en un mundo cada vez más urbanizado» en el que se pueden ver, como acaba de suceder en Valencia (España) «cómo los eventos relacionados con el cambio climático afectan a las ciudades».
El documento, de más de 400 páginas y que se publica cada dos años, analiza pormenorizadamente todos los aspectos de las ciudades y el urbanismo bajo el prisma de la crisis climática, tanto desde la gestión política, como la pobreza y desigualdad, los espacios verdes, el crecimiento, o las infraestructuras, al tiempo que ofrece recomendaciones de políticas públicas para resolver estos problemas a escala local y global.
No hay dinero
Entre los hallazgos más significativos, el documento señala que «las ciudades están recibiendo menos del 20% de la financiación necesaria para una acción climática efectiva, y tienen problemas para atraer financiación, particularmente para proyectos locales de pequeña escala».
Según indica el reporte, las ciudades necesitan un estimado de entre 4,5 y 5,4 billones de dólares al año para construir y mantener sistemas e infraestructuras resilientes al cambio climático, mientras que en la actualidad la financiación apenas llega a unos 8.310 millones anuales, «sólo una fracción de lo que se requiere».
«Esta insuficiencia, deja a las ciudades, en especial a sus poblaciones más vulnerables, expuesta a riesgos que están escalando», señala el documento.
De hecho, Rossbach indicó en la presentación que de lo que se trata ahora es de poner «a las ciudades en la centralidad que tienen en el debate climático» para que el mundo sea consciente de esta necesidad de financiación acuciante.
Más calor, menos refugio
El documento señala también que hay cada vez una mayor concentración de personas viviendo en centros urbanos en áreas que serán o ya están expuestas a riesgos ambientales, lo que redundará en «un impacto del cambio climático progresivamente más urbanizado».
«Las ciudades serán más cálidas en el futuro, y casi ningún ciudadano se quedará indemne ante esta situación en un escenario global de consumo intensivo de carbono (…) Si seguimos así, más de 2.000 millones de personas que ahora viven en ciudades estarán expuestos a 0,5 grados más de temperatura media en 2040», dice el documento.
En ese escenario, el 36% de la población global vivirá en ciudades con una temperatura media anual de 29 grados.
Otros detalles del documento apuntan, por ejemplo, que las presiones del crecimiento urbano sin control han resultado en una reducción sistemática de los espacios verdes en muchas áreas urbanas, con una caída del porcentaje de global de estos espacios de un 19,5% en 1990 al 13,9 % en 2020.
Esa situación, sin embargo, está marcada radicalmente por la desigualdad, con unas pocas ciudades y países que han incrementado sus áreas verdes sustancialmente frente a otras muchas, especialmente en el sudeste asiático que han perdido casi la mitad de estos espacios.
«Más problemático es la evidencia de que intervenciones climáticas han o fallado para proteger a los más vulnerables o incluso empeorado su situación, como los casos de «gentrificación verde», en los que medidas beneficiosas, como hacer parques, han resultado en el desplazamiento directo de hogares pobres o incremento del precio de la propiedad», señala el documento.
