Organismos internacionales impulsan ley para que extranjeros trabajen en Honduras

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Tegucigalpa – Con el objetivo de facilitar a las personas migrantes su incorporación al mercado laboral hondureño la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), está acompañando a la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social de Honduras en el proceso de formulación de una propuesta de Ley Especial de Autorización Laboral para Extranjeros en Honduras. 

Anualmente, el Estado de Honduras otorga alrededor de 4 mil permisos de estadía, donde cerca del 70% estarían habilitados para realizar actividades remuneradas. Sin embargo, cada año se tramitan únicamente en torno a 500 permisos de trabajo.  “No se trata de ejercer un control del Estado sobre los extranjeros, sino de establecer un mecanismo de protección a los derechos de las personas migrantes”, explicó Sally Valladares, consultora especializada en temas migratorios, quien está articulando la formulación de esta nueva propuesta de ley. 

Durante una jornada de trabajo con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, se explicó cómo ha sido el proceso de construcción de la propuesta, se socializaron cada uno de los artículos y se detallaron los pasos a seguir para que Honduras cuente con este nuevo instrumento jurídico de regulación de la migración laboral. 

De acuerdo con el Perfil de Gobernanza Migratoria de Honduras (MGI, por sus siglas en inglés) elaborado por la OIM en 2018, los familiares declarados como dependientes económicos de las personas migrantes residentes en Honduras no pueden acceder de inmediato a un permiso de trabajo. Para conseguirlo, deben solicitar su permiso de residencia ante el Instituto Nacional de Migración bajo una figura diferente a la de dependiente económico. 

El MGI señala que “idealmente, los inmigrantes con permiso de residencia deberían tener acceso al mercado laboral desde su llegada al país, en las mismas condiciones que los nacionales”. 

Por este motivo, desde finales de 2018, se ha impulsado la propuesta de ley que defina la autoridad de aplicación y corresponsabilidad, facilite la creación de un Registro Nacional sobre Trabajadores Migrantes, categorice las autorizaciones laborales y establezca la regularización para trabajadores, empleadores y el registro contratos. “La nueva ley incorpora principios que armonizan la norma nacional con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Honduras en materia de Derechos Laborales”, explicó Valladares. 

Asimismo, en la actualidad no hay programas que faciliten el otorgamiento de permisos de residencia para atraer técnicos y profesionales con capacidades laborales específicas. Esto también será abordado en la nueva ley, con el fin de impulsar la incorporación de migrantes intra y extrarregionales al mercado laboral formal hondureño, lo que permitirá el intercambio de conocimientos y la mayor profesionalización de algunos sectores de trabajo, con el consecuente impacto positivo en la economía del país. 

“Este proceso ha constituido un caso ejemplar de coordinación interinstitucional en el que se llevaron a cabo entrevistas a actores claves, se organizó un taller de consulta con estas mismas instituciones y organizaciones, se mantuvo un contacto constante con instituciones homólogas en otros países de la región (Panamá, México y Costa Rica) con el fin de conocer sus experiencias, y se realizó una visita al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá. Todo ello con el fin de diseñar una propuesta basada en evidencia, amparada en estándares y normas internacionales sobre migración laboral”, señaló Jorge Peraza, jefe de misión de la OIM para El Salvador, Guatemala y Honduras. 

El trabajo forma parte del apoyo que brindan OIM y OIT a la Mesa Interinstitucional sobre Migración Laboral, que fue creada en Honduras en 2016 con la asistencia técnica de la OIT.

El proceso de propuesta de la Ley se da en el marco del componente migración laboral del Programa Regional sobre Migración Mesoamérica-Caribe de la OIM, financiado por la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

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