Túnez.– Medio centenar de organizaciones, partidos y sindicatos regionales e internacionales denunciaron hoy el «racismo institucional» de las autoridades tunecinas tras la expulsión forzada de cerca de un millar de personas subsaharianas hacia las fronteras de Libia y Argelia y acusaron a la Unión Europea (UE) de presionar al país magrebí para imponer su «represiva» política migratoria.
«El trato inhumano y degradante de los negros africanos en Túnez es el resultado del racismo institucional y la externalización de las políticas migratorias europeas», afirmaron en un comunicado firmado por Abogados Sin Fronteras (ASF) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) entre otros.
Las redadas masivas comenzaron el pasado 2 de julio en la ciudad de Sfax (centro-oeste), segunda en importancia y principal punto de partida de la migración irregular hacia Europa, escenario de enfrentamientos entre migrantes subsaharianos y habitantes en los últimos meses y que se ha saldado con la muerte de un tunecino y un ciudadano de Benin.
A esto se suman los allanamientos de viviendas, desalojos arbitrarios, destrucción y robo de sus bienes, tratos inhumanos y degradantes así como violencia física cometidos tanto por las fuerzas de seguridad como por «milicias» ciudadanas que continúan a día de hoy sin investigarse para procesar a sus autores, recordaron los firmantes.
Uno de los detonantes de esta violencia, señalaron, fue el discurso «racista y de odio» pronunciado en febrero pasado por el presidente tunecino,Kais Said, en el que acusó a la comunidad subsahariana de formar parte de un complot para cambiar la identidad «arabo-musulmana» de Túnez y que ha alentado la «cacería de migrantes».
En un contexto de crisis política y económica sin precedentes, la Unión Europea busca imponer «una política represiva que implica el retorno desde países europeos de todos los exiliados sin derecho de estancia que hayan transitado por Túnez, designado así como «país seguro» a diferencia de Libia».
La Comisión Europea ofreció el pasado mes un paquete macrofinanciero de cerca de mil millones de euros para estabilizar el país, incluida una ayuda de 105 millones destinada a asistencia en rescates de migrantes y retornos.
Túnez estará «encargado de contener la migración «indeseable» y mantenerla lo más alejada posible del territorio europeo, a cambio de una importante ayuda económica (…) a pesar de las preocupaciones suscitadas por la deriva autoritaria observada», se indica en el comunicado. EFE
