Ginebra.- El Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada, un documento que plantea a los Estados una serie de iniciativas de carácter voluntario, será sometido la próxima semana al escrutinio final de unos 180 países y tendrá un impacto potencial en 258 millones de migrantes internacionales.
Esta es la cifra más reciente sobre la migración que manejan los organismos especializados y entidades asociadas a Naciones Unidas, bajo cuya égida se ha discutido durante dos años el texto de ese documento.
Según datos facilitados a Efe por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los migrantes representan el 3,4 % de la población mundial, con una media de edad de 39 años. De ellos, 48 % son mujeres y el 14 % tiene menos de veinte años.
Por regiones, dos tercios de los migrantes internacionales viven en Europa o Asia, y el 64 % del total han cambiado de país con el propósito de trabajar.
Ello implica que alrededor del 2 % de la población mundial está constituida por trabajadores inmigrantes, un dato que contrasta con la inminente amenaza de una invasión de inmigrantes a la que han aludido algunos gobiernos para desmarcarse del Pacto en cuya elaboración habían participado hasta el final.
«Me preocupa la credibilidad de aquellos que acordaron algo, lo que significa que extrajeron concesiones de otros, y ahora toman una posición diferente», ha lamentado ante la prensa en Ginebra la representante especial de la ONU para la migración internacional, Louise Arbour.
Esos países -agregó- tuvieron 18 meses para examinar con su opinión pública el contenido el Pacto «porque no fue para nada un proceso secreto».
Según datos de la OIM, el 22 % de la población mundial prefiere mantener los niveles nacionales de inmigración a los niveles actuales.
Hungría, Austria, Bulgaria, Estados Unidos, Polonia, Israel y la República Checa han anunciado su decisión de retirarse del Pacto aduciendo que contiene elementos que van contra su capacidad de decidir sobre como desean gestionar la inmigración.
A ese respecto, Arbour ha insistido en que el Pacto Mundial sobre Migración no es «vinculante», es decir no obliga a ningún país a nada, ya que de otro modo no hubiese sido posible negociarlo en un plazo tan corto.
Se trata de un documento que servirá para «canalizar iniciativas» beneficiosas para todos -desde los migrantes hasta los países de origen, de tránsito y de destino- y que oferta «un menú de actividades que los Estados pueden usar o no», sin que haya nada en él que infrinja las soberanías nacionales.
Su enfoque es actuar «de forma cooperativa para evitar tomar medidas coercitivas en el futuro», ha enfatizado Arbour antes de viajar a Marrakesh, donde los próximos días 10 y 11 los países se reunirán para adoptar el Pacto.
Uno de sus objetivos es promover transferencias seguras y baratas de remesas, que según la OIM representaron 466.000 de dólares enviados a los países de ingresos bajos y medios en 2017.
La contribución de los inmigrantes a través de esos envíos de dinero supusieron el 9,4 % del total del Producto Bruto Global en 2015, último año del que se tienen cifras fiables.
Frente a todos los obstáculos con los que choca últimamente el Pacto, Arbour, a quien corresponderá un rol protagonista en la conferencia de Marrakesh, ha anticipado que «este no es el final, sino el inicio del camino».
Bien implementado -asegura- el Pacto servirá bien para manejar «con espíritu de cooperación» la realidad de la movilidad humana, que en el futuro se complicará aún más por los cambios demográficos, en la naturaleza del trabajo, las nuevas tecnologías y a las consecuencias del cambio climático.
