Ciudad de Panamá – El ministro panameño de Seguridad, Juan Manuel Pino, dijo este sábado que el Gobierno responderá al informe de una relatoría especial de la ONU que expresa su “grave preocupación” por “las condiciones de recepción” de los migrantes irregulares que llegan a Panamá tras atravesar la selva del Darién en su viaje hacia Norteamérica”.
El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes alerta de las denuncias sobre “las condiciones supuestamente precarias e insalubres” de las llamadas estaciones de recepción migratoria (ERM) de Panamá, según un informe entregado al gobierno de Panamá en diciembre pasado, al que tuvo acceso EFE este jueves.
Las denuncias abarcan además supuestos malos tratos y abusos, incluso de carácter sexual, por parte de las autoridades que gestionan las ERM hacia los migrantes, que llegan a Panamá tras recorrer varios países suramericanos y cruzar la peligrosa selva del Darién, según el documento del organismo mundial.
Las ERM están situadas en las fronteras sur (Colombia) y norte (Costa Rica) de Panamá, en las que hay funcionarios de entidades de seguridad como el Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).
“Esto se va responder porque Panamá trabajó estos temas desde el año 2020 con el Ministerio Público que está en los campamentos de recepción y no hay ninguna denuncia formal por violación en contra de funcionarios de ambas instituciones”, afirmó Pino este sábado a la cadena TVN Noticias.
El escrito, por su parte, hace énfasis en que según la información recibida, en las ERM las personas migrantes irregulares “se encontrarían de facto privadas de libertad, al no estar autorizadas a salir de dichos centros, salvo para ser trasladadas por las autoridades panameñas hacia la frontera con Costa Rica”, a un costo de 40 dólares por persona que deben asumir los viajeros, muchos de los cuales carecen de fondos, por lo que quedan atrapados.
Esto es así “aunque estas estaciones no son consideradas por las autoridades panameñas como centros de detención”, señala el documento, firmado por el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales; Mumba Malila, vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y otros seis funcionarios de relatorías y expertos independientes de la ONU.
“Sin prejuzgar la veracidad de estas alegaciones (…) nos preocupan gravemente las condiciones de recepción de las personas migrantes”, dada “la insuficiente atención proporcionada a las necesidades básicas” en las ERM y “la falta de acceso a mecanismos de justicia y reparación para aquellas personas que han sido víctimas de violencia, entre otras”.
La ONU indicó que “preocupaciones similares” fueron transmitidas en meses anteriores al Gobierno panameño pero que, “hasta la fecha”, de diciembre pasado, no se había “recibido ninguna respuesta” de su parte.
“De ser confirmadas, las situaciones descritas constituirían violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes”, indicó el documento, de 18 páginas.
En las ERM los migrantes en tránsito reciben atención sanitaria y alimentación y se les toman los datos biométricos, lo que permite a Panamá contabilizarlos: 248.284 en el 2022 – una cifra sin parangón – 133.726 en el 2021 y 30.055 de 2016, durante la primera crisis migratoria debido al paso de cubanos.
El Gobierno panameño aduce que ningún otro país en América ofrece este tipo de asistencia a los migrantes en tránsito, en lo que ha invertido desde el 2020 al menos 50 millones de dólares según sus cifras.
