Tegucigalpa – De acuerdo con el informe “señales de una crisis”, Desplazamiento Forzado Interno por Violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, la corrupción y la falta de confianza de la población en instancias estatales son conductores que empujan el desplazamiento dentro de los países del Triángulo Norte de Centroamérica.
– La corrupción empuja el desplazamiento interno en el Triángulo Norte refrenda el estudio.
-El 67,2 % de los salvadoreños y el 58,6 % de hondureños que se desplazaron de manera forzada en 2018 habían sido amenazados de muerte por parte de pandillas, según el informe.
“La corrupción se convierte en un conductor del desplazamiento forzado interno en los países del Triángulo Norte centroamericano”, subraya el informe presentado este día en Tegucigalpa, capital de Honduras, por parte de organizaciones que integran el Sistema Regional de Monitoreo y Análisis del Desplazamiento Forzado Generado por la Violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica,
En ese orden, el escrito destaca que, en Honduras, de acuerdo con el sondeo realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC 2019), para el 2018, el 84.6% de la población manifestada que no confía en los políticos, en contraposición con el 51.7% confía La iglesia evangélica. De acuerdo con el sondeo, las instancias para obtener la confianza, la Secretaría de Educación obtuvo el mayor nivel, con el 38.7%.
“En Honduras la impunidad es imperante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] se ha referido a esta situación como una impunidad estructural donde las fuentes estatales han sido reportadas (CIDH, 2015). La misma instancia señalada que la tasa de impunidad de Guatemala oscila entre 99.1% y 98.4% 13 (CIDH, 2017)”, subraya el escrito.
Candidatos para emigrar
Por su parte, la representante de organización no gubernamental, Cristosal, Celia Medrano, enfatizó que los desplazados internamente por violencia son candidatos para emigrar fuera del país.
En ese sentido, expresó que “el informe es claro en plantear que una familia que huye internamente en su propio país y no recibe la inmediata atención se va desesperando al no encontrar una instancia que les atienda en sus necesidades y derechos Humanos. Al continuar esa situación las familias van tomando la decisión de emigrar también de manera forzada”, puntualizó.
A su juicio existe una relación estrecha entre el desplazamiento forzado por violencia y la migración.
“La relación entre desplazamiento interno por violencia y la migración forzada por violencia a juicio nuestro es clara”, acotó.
Menores y niños los más afectados
De su lado, la oficial regional de Monitoreo de Desplazamiento Forzado de la organización centroamericana Cristosal, Rina Montti, reflexionó que existe un gran porcentaje de menores entre los desplazados en los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica.
Al respecto, precisó que alrededor del 40 % de los desplazados en los países centroamericanos son menores de 18 años, lo que demuestra que los niños son «víctimas directas» de este fenómeno.
Añadió que de los desplazados de estos países el 53,4 % son mujeres y el 46,6% hombres.
Asimismo, señaló que ambos países en 2018 se registraron casos de desplazamientos generados por actores estatales, principalmente por elementos de la Policía y de la Fuerza Armada.
Montti, de origen salvadoreño, reiteró que los miembros de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 y estructuras de narcotráfico y crimen organizado son los principales causantes del desplazamiento forzado en los países centroamericanos.
Recomendaciones
Tras analizar el desplazamiento forzado en la región centroamericana con una muestra de mil 946 personas en el 2018, el informe vierte una serie de recomendaciones entre las que destacan para Honduras:
“En el caso de Honduras, es necesario avanzar en la creación de protocolos y programas para la atención integral de las personas en situaciones de desplazamiento por violencia generalizada o en el riesgo de ser humano”.
Asimismo, subraya que “las políticas de recuperación territorial también deben tener una especial atención, en particular las que se aplican en las localidades donde hay presencia en los grupos de la ley, como pandillas y crimen organizado”.
De igual manera, indica que el resultado de las fallas en las políticas de protección de las víctimas es la migración irregular de personas, por lo que insta a “reconocer que este vínculo es un paso necesario para generar las políticas de atención específicas a las personas desplazadas por la violencia”, apostilla.
