El viceministro de Administración y Asuntos Técnicos de Paraguay, Enrique Insfrán, habla durante una rueda de prensa este miércoles en la sede del ministerio de Relaciones Exteriores, en Asunción (Paraguay). EEFE/ Noelia F. Aceituno

Asunción – El Gobierno paraguayo acusó este miércoles al Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados (Acnur) de actuar con arbitrariedad en el caso de tres activistas paraguayos procesados por secuestro en su país y que anoche abandonaron Uruguay con destino a Finlandia.

Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán salieron la noche del martes con destino a Madrid para dirigirse a Finlandia, desde Montevideo, donde llegaron en agosto tras perder el estatuto de refugiados en Brasil, donde permanecieron por 17 años.

En una rueda de prensa en Cancillería, el viceministro de Administración y Asuntos Técnicos, Enrique Insfrán, dijo que «el Alto Comisionado se ha extralimitado en el ejercicio de su competencia actuando con arbitrariedad, privilegiando la impunidad y lesionando la reputación de la Organización de las Naciones Unidas».

Así mismo, lamentó «la falta de cooperación de las autoridades uruguayas» y anunció que presentará una protesta diplomática ante el Gobierno de Finlandia por sus gestiones ante Acnur.

Arrom, Martí y Colmán, del desaparecido Partido Patria Libre, de izquierda, están procesados por la Justicia paraguaya por el secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi, que fue liberada a cambio de dinero en 2002.

La noticia de la salida de los tres hombres desde Montevideo a Helsinki supuso un nuevo revés para el Estado paraguayo, que a pesar de haber sido absuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de las supuestas acusaciones de tortura a Arrom y Martí todavía no ha conseguido que pisen suelo paraguayo para enfrentarse a la justicia del país.

Ante estos hechos, Paraguay condenó la concesión del estatus de refugiados en Uruguay y las «facilidades otorgadas» para permitir su viaje a Finlandia.

La condena de Paraguay se extiende también al Gobierno de Finlandia, por el «tratamiento dispensado (…) a los mencionados prófugos de la justicia» y por las gestiones realizadas por el país ante Acnur.

Además, Paraguay señaló a la Interpol como responsable de facilitar la movilidad de los tres activistas al haber levantado el código rojo que pesaba sobre ellos, pese a que las autoridades paraguayas sostuvieron que habían insistido en varias ocasiones para que se volviera a aplicar.

Para el país suramericano, la actuación de la Interpol «no se encuadra en la lógica ni en la razón» y genera «desmedro de la credibilidad» del organismo.

Paraguay ya ha comenzado a tomar acciones para tratar de averiguar los motivos que llevaron a Uruguay, Finlandia y Acnur a permitir la salida legal de los tres hombres.

De entrada, las autoridades paraguayas convocaron hoy al embajador de Uruguay en Paraguay, Federico Perazza, para que explicara la decisión de su país, que, según el embajador, respondió a cuestiones judiciales.

Asimismo, también se llamó a consultas al embajador de Paraguay ante Uruguay, Rogelio Raimundo Benítez Vargas, en protesta por las medidas del Gobierno uruguayo.

Del mismo modo, el país suramericano presentó una protesta diplomática ante el Gobierno de Finlandia, «sin perjuicio de gestionar la extradición (…) y eventualmente la revocatoria del estatus de refugiado que pudiera haber sido otorgado».

Otra queja irá dirigida a Acnur, al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y a la Oficina de la ONU contra las drogas y el delito, así como a todos los altos órganos internacionales pertinentes.

Por último, Paraguay presentará su protesta ante distintos órganos de la Unión Europea por las facilidades concedidas por Finlandia a Arrom, Colmán y Martí.