Asunción – Paraguay volverá a solicitar a Brasil que revoque el estatus de refugiados a Juan Arrom y Anuncio Martí, exdirigentes del Partido Patria Libre (PPL) y procesados por el secuestro en 2001 de la esposa de un acaudalado empresario, anunciaron hoy fuentes del Gobierno.
El cambio de estatus facilitará su extradición a Paraguay, que es otra de las peticiones del Ejecutivo, para que «vengan a rendir cuentas ante la Justicia paraguaya», señaló hoy el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.
La decisión corresponde a órdenes del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, dijo el ministro tras un encuentro con el mandatario, y exigirá la coordinación de la Cancillería, el Poder Judicial y la Fiscalía, entre otras instituciones.
«Vamos a pedirle a Brasil el levantamiento del estatus que se les otorgó (en 2003) y vamos a insistir con el pedido de extradición», recalcó Villamayor.
Este sería el cuarto intento de Paraguay para conseguir la extradición, aunque esta vez existen «muchas expectativas favorables», a juicio del canciller, Luis Alberto Castiglioni.
El canciller informó que se trabajará de forma conjunta con otras instituciones del Estado para que se levante «el estatus inadecuado que tienen».
«No solamente hace a una cuestión de cesar con la impunidad con la que gozan estos dos delincuentes, que lamentablemente obtuvieron el estatus de refugiado, también hace cuestión de seguridad nacional; ellos fueron un poco la raíz del (grupo armado) Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), antes Patria Libre», concluyó Castiglioni.
Martí y Arrom fueron procesados por la justicia paraguaya por su presunta implicación en el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, esposa de un empresario paraguayo y nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi.
La mujer fue liberada en enero de 2002 tras el pago de un millón de dólares, según se informó en su momento.
Poco antes del juicio, los dos hombres desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, en un caso que causó la renuncia de dos ministros, tres jefes de Policía y la amonestación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió al Gobierno paraguayo, entonces presidido por Luis González Macchi, que adoptara medidas cautelares para garantizar su protección.
Brasil decidió reconocer a los tres dirigentes la condición de refugiados políticos y la protección para que residan libremente en su territorio.
