Tegucigalpa – Las pérdidas técnicas y no técnicas representan el 35 % de la energía producida en Honduras y son las que más encarecen el precio de la electricidad la cual se paga mediante tarifa mensual y a través de impuestos.
-El verdadero precio de la energía para 2020 y los años anteriores ha sido más del doble de lo que se ha visto reflejado en la factura, según el estudio.
Esa es una de las principales conclusiones del estudio «El verdadero precio de la energía eléctrica en Honduras”, presentado este jueves en Tegucigalpa por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Dichas pérdidas incrementan el valor del kilovatio hora (kWh) de 3.35 a 5.16 lempiras. Esa energía eléctrica, aunque no se sabe quién la consume, si se le carga al pueblo hondureño cada mes, subraya el informe.
Al respecto, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) señaló que la problemática actual de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se debe a una débil institucionalidad, alta injerencia política, sobreendeudamiento para cubrir gastos, débil recaudación de fondos, contratos ambiciosos y decisiones tomadas sin participación abierta y con limitantes para acceder a la información.
El director ejecutivo de ASJ, Carlos Hernández, recordó que el convenio con la Empresa Energía Honduras (EEH) cuesta al Estado 12 mil millones de dólares.
“La pérdidas anuales de EEH anualmente superan los 10 mil millones de lempiras”, acentuó Hernández.
Ejemplificó que sólo reduciendo las pérdidas de energía el país podría tener varios hospitales escuelas y no solo uno como sucede en la actualidad.
“Podríamos duplicar el presupuesto de la Secretaría de Salud, es casi la mitad del presupuesto de la Secretaría de Seguridad, es tres cuartas partes del presupuesto de la Secretaría de Educación, si se hubiese reducido un poquitos esas pérdidas a todos nuestros niños les hubiéramos dados una computadora de primer generación”, razonó Hernández.
Consideró que la pérdida de energía es en este momento el problema más importante del país y si no se resuelve el país va hacia el fracaso.
A nivel centroamericano, Honduras ha sido el país con las pérdidas más altas en las últimas décadas.
Es oportuno mencionar que parte del costo de energía se ve en la tarifa de la factura mensual; sin embargo, gran parte de este precio es invisible y el pueblo lo paga mediante impuestos y otros mecanismos de recaudación fiscal del Estado.
Los hallazgos demuestran que los altos niveles de mora también encarecen el precio del kWh a un valor de 9.31 lempiras, estableciendo que, por consecuencia de las pérdidas y moras, el verdadero precio de la energía para 2020 y los años anteriores ha sido más del doble de lo que se ha visto reflejado en la factura.
El capítulo de Transparencia Internacional en Honduras mostró que parte de la responsabilidad de esta crítica situación recae en el contrato que se mantiene con EEH, a la cual el gobierno paga 10.5 millones de dólares mensuales, aunque no cumpla con los objetivos del contrato. EEH no ha logrado reducir las pérdidas, más bien han crecido a un 34 %, la inversión prometida de 121 millones de dólares ha sido solamente de 33 millones y la mora en la recaudación y facturación se encuentra por arriba de los 10 mil millones de lempiras.
Se responsabiliza, además, al Poder Ejecutivo y autoridades de la ENEE por apoyar el contrato inefectivo con EEH desde su contratación hasta su ejecución; a los diputados del Congreso Nacional que delegaron su responsabilidad aprobando un fideicomiso para contratar a EEH, haciendo menos transparente el proceso de ejecución del contrato y sin mayores controles en el cumplimiento del mismo, caviló Hernández.
Asimismo, es responsable de los altos precios de la energía eléctrica la Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP) en la supervisión del contrato con EEH, tras no aplicar ninguna sanción durante los primeros tres años, a pesar de que existían incumplimientos reportados, así como la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) en el proceso de contrataciones, tras no asegurar que estos se siguieran según la ley del sector y derecho administrativo, agregó.
El análisis brindó una serie de recomendaciones en busca de soluciones reales y sostenibles en el fortalecimiento de la institucionalidad por medio de procesos competitivos y transparentes, la reducción de influencia política, aplicación de la Ley General de la Industria Eléctrica, realizar análisis de riesgo fiscal a fin de evitar más endeudamiento y control del fisco con mayor intervención.
Es necesario que las próximas autoridades tomen como prioridad la problemática del sector energético del país y logren establecer soluciones integrales a largo plazo con intervención de diferentes actores sociales, incluyendo la empresa privada, academia y sociedad civil.
