México – Los asesinatos de al menos 24 defensores de derechos humanos y 11 periodistas han puesto el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en la misma senda de violencia hacia estos colectivos que la registrada en años anteriores en México.
La llegada a la presidencia del político izquierdista, que inició su gobierno el 1 de diciembre de 2018, anticipaba un cambio en el difícil panorama que viven los defensores y periodistas en este país desde hace más de diez años. Pero la impunidad se mantuvo, perjudicando a ambos grupos.
«La violencia contra periodistas y defensores no es nueva, viene desde 2006 cuando se empezaron a documentar los asesinatos y agresiones a ambas poblaciones», dijo en entrevista con Efe Mario Andrés Hurtado Cardozo, integrante de la agrupación Espacio OSC.
El miembro de esta agrupación – que articula de organizaciones nacionales e internacionales por la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México- recordó que durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se registró una alza en los asesinatos en estos dos grupos debido a que «no hubo un fortalecimiento a las políticas en materia de protección».
Artículo 2019 del año 2000 a la fecha ha documentado 131 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 121 son hombres y 10 son mujeres.
De estos, 47 se registraron durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018)
Y la ONG acota la cifra de reporteros asesinados desde que llegó López Obrador a la Presidencia, el 1 de diciembre de 2018, a 11 casos relacionados con su labor profesional.
«Si comparamos los años previos de agresiones y asesinatos a periodistas, en estos 11 meses, la tendencia sigue y se mantiene», apuntó el especialista.
VIOLENCIA CONTRA LA PRENSA
Para la coordinadora de Documentación y Seguimiento de Casos de Artículo 19, Itzia Miravete: «La violencia sigue estando y este ha sido un año, con 11 asesinatos (de periodistas en relación con su labor), bastante letal».
Según dijo a Efe, los registros de la organización muestran que «en México los principales perpetradores (de agresiones contra la prensa son servidores (funcionarios) públicos».
Miravete consideró además que esta violencia está incentivada por un discurso que viene del Estado mexicano.
«Se ha generado un campo de desprestigio contra la prensa al señalar quienes son buenos y malos periodistas y esto mina la situación de seguridad de los informadores», apuntó.
Ambos defensores señalaron que este discurso parte del presidente Andrés Manuel López Obrador -quien mantiene un frente abierto con lo que llama prensa «fifí» (conservadora)- el cual es imitado por funcionarios en estados y municipios.
«Eso es preocupante porque la violencia contra la prensa sigue siendo bastante grave», dijo Miravete.
Hurtado Cardozo calificó el discurso de López Obrador de «polarizante» al ya calificar a un sector de la prensa como «prensa fifí».
Durante el informe por su primer año al frente del gobierno, López Obrador declaró que el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos protegía a 1.086 personas, 721 personas defensoras de derechos humanos y 365 periodistas.
Ambos especialistas apuntaron que dicho mecanismo al que están adscritos defensores y periodistas «debe permanecer y se tiene que fortalecer».
A finales de agosto, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México señaló que las autoridades mexicanas enfrentaban un grave problema de recursos humanos ya que en las unidades de protección, desde el 2014 trabaja el mismo número personas, esto a pesar de que las cifras de protegidos van a la alza cada año.
En cuanto a la cifra de defensores de derechos humanos, Hurtado Cardozo recordó que en el último año del gobierno de Peña Nieto fueron asesinados 41 defensores y en el primero de López Obrador han sido 24.
«Se podría hablar de una disminución en términos de asesinatos pero eso no significa que haya una disminución en cuanto agresiones, estas más bien han aumentado», apuntó.
Precisó que las agresiones a defensores han aumentado en el sur del país, en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. «Debido a que son entidades que tiene muchos conflictos sociales en términos tierra y territorio», dijo.
Mientras que las agresiones a periodistas se dan con mayor frecuencia en los estados del norte del país.
Con eso datos, el especialista dijo que en México «no es que esté mejor o peor la situación, más bien las cifras muestran que en el país hay una crisis de derechos humanos y lo que sí queda de manifiesto es la inoperancia de las autoridades para resolver la situación».
Según registros de la organización mexicana Comité Cerezo, el total de ejecuciones extrajudiciales -una asesinato perpetrado por autoridades ya se por comisión, omisión o aquiescencia (cuando ordenan a particulares)- cometidos en el primer año de gobierno de López Obrador es de 17 personas defensoras de derechos humanos.
Apuntó que la práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto (EPN).
No obstante, «si las políticas no cambian y no hay cambios estructurales y hasta de discurso, esta tendencia, lamentablemente seguirá. De hecho, si se sigue polarizando a la prensa y se da pie a que puedan aumentar las agresiones», finalizó Hurtado Cardozo.
