Una persona viste un tapabocas que dice "TPS Trabajadores Esenciales" en Miami, Florida (EEUU). EFE/ Giorgio Viera/Archivo

Washington – Más de 300 organizaciones religiosas y que abogan por los migrantes pidieron este lunes al presidente, Joe Biden, que extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS) para que ampare a ciudadanos de 18 países, incluidos Guatemala y Venezuela.

«Casi a mitad de los primeros 100 días de administración el gobierno de Biden no ha emitido designaciones nuevas para algún país y ni siquiera ha restaurado las designaciones de los países cuyo TPS dio por el gobierno de (el ex presidente Donald) Trump», indicó una carta enviada asimismo al secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas.

El TPS da una residencia temporaria y permisos de trabajo para personas que han huido de países en los cuales Estados Unidos determina que han ocurrido desastres naturales o conflictos violentos.

«Las designaciones de países para el TPS podría ofrecer protección contra la deportación y permisos de trabajo para hasta 2,3 millones de migrantes», afirmaron los firmantes.

Las designaciones de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán expiran el 4 de octubre próximo, en tanto que la de Somalia vence el 17 de septiembre, la de Yemen el 3 de septiembre, la de Sudán del sur termina el 2 de mayo de 2022 y la de Siria en septiembre del año próximo.

Los firmantes de la carta pidieron que se otorgue esa protección también a Bahamas, Camerún, Guatemala, Guinea, Hong Kong, Líbano, Mauritania, Sierra Leona y Venezuela.

La mayor urgencia, señaló la carta, es la que afecta a más de 400.000 beneficiarios actuales de TPS procedentes de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán «que corren el riesgo de perder su estatus» debido a «los intentos del gobierno anterior por desmantelar el TPS.

«El TPS es una herramienta valiosa y poco usada que protegería a millones de personas de ser deportadas a países donde hay condiciones peligrosas y, al mismo tiempo, daría un alivio a personas que están en nuestro país y han vivido por décadas sin estatus o protección legal», añadió la carta.