Washington – Unas 170 organizaciones que abogan por los migrantes pidieron este martes al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que no insista en que las policías locales cooperen en la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Cientos de jurisdicciones en todo el país, a lo largo de los años, se han proclamado «santuarios» en los cuales las autoridades policiales locales no colaboran con las autoridades federales en lo que se refiere al estatus migratorio de sus residentes y en tareas federales migratorias que no se de obligatorio cumplimiento.
Los activistas recordaron que en enero, durante la Conferencia de Alcaldes, Mayorkas pidió a esas autoridades municipales que cooperaran en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados en la aplicación de polémicos programas conocidos como 287(g) y «Comunidades Seguras».
Quienes critican esos programas sostienen que la población inmigrante, por temor a las deportaciones, puede colaborar menos con la policía en la prevención de crímenes, y lamentan que los inmigrantes son detenidos por infracciones menores y pueden ser transferidos a las autoridades federales para ser expulsados del país.
Mizue Aizeki, del Proyecto de Defensa del Inmigrante en la ciudad de Nueva York, dijo que «a lo largo de la última década hemos luchado para maximizar las protecciones de los neoyorquinos y para dar fin al enredo de los sistemas legal y de inmigración discriminatorios».
Por su parte Juan Manuel Guzmán, de United We Dreams, señaló que «los inmigrantes en todo el país se han organizado contra los convenios 287(g) que apuntan, atacan y criminalizan de forma desproporcionada a las personas de piel oscura».
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), dijo Guzmán, «no ha cambiado y jamás cambiará».
Daisy Romero Chavarría, de la organización JUNTOS en Philadelphia (Pennsylvania) dijo que «el gobierno tiene que dejar de aterrorizar a nuestra gente, y debe cumplir sus promesas de proveer un sistema de inmigración justo y humano».
En Illinois «nuestros funcionarios estatales y locales elegidos han hablado de manera firme y clara en el sentido de que nuestras agencias policiales no deben cooperar en la aplicación de las leyes de inmigración», dijo por su parte Fred Tsao, de la Coalición por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados.
