Washington, 17 ago (EFE News).- Más de cien grupos que abogan por los inmigrantes instaron este martes al gobierno del presidente Joe Biden a que no reinicie la política de su predecesor, Donald Trump, bajo la cual decenas de miles de personas que buscan asilo han sido enviadas a México a la espera de sus trámites.
El pedido se da tras la orden dada por un juez federal de Texas a la Casa Blanca para que restaure el polémico programa “Permanezcan en México” (MPP, en inglés), que obligaba a los indocumentados que solicitaban asilo en la frontera sur de EE.UU. a esperar en el país vecino a que se tramitaran sus peticiones.
La decisión del juez, emitida a última hora del viernes da al Gobierno Biden siete días para apelar el fallo o, de lo contrario, poner de nuevo en marcha el MPP, un programa instaurado por el ex presidente Trump en 2019.
La política conocida como «Espera en México» ha dejado a decenas de miles de migrantes acampados en el vecino país o enviados a Guatemala, El Salvador y Honduras con sus trámites iniciados y sin asistencia legal o fechas para las audiencias.
«Por dos años ‘Espera en México’ ha infligido daños a gente vulnerable y ha creado obstáculos en el proceso debido», indicaron hoy la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) y el Consejo de Inmigración, que encabezan el llamado hecho por 108 grupos defensores de los inmigrantes.
El proceso debido requiere que los extranjeros que llegan a territorio estadounidense y piden asilo tengan una audiencia en un tribunal de inmigración que decidirá sobre sus casos. A la espera de esa audiencia, los solicitantes deberían quedar en libertad condicional.
A poco de su investidura presidencial el 20 de enero, Biden canceló la política pero el viernes pasado El juez federal Matthew Kacsmaryk, nominado por Trump para su cargo en una corte de Texas, dio la razón a los fiscales generales de Texas y Misuri, que habían demandado al Gobierno de Biden en abril por su decisión de acabar con el programa.
Kacsmaryk opinó que la orden por la que el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, puso fin oficialmente al programa en junio violó la ley federal administrativa y no tuvo en cuenta los “beneficios” del programa, entre los que citó su presunto efecto disuasorio entre potenciales migrantes.
En este sentido, los grupos indicaron que la decisión «se sustenta en claros errores legales y factuales, e impone una condición al Departamento de Seguridad Nacional que, no es sólo imposible de cumplir, sino que también causa daños graves a quienes buscan asilo, incluidas familias».
«La decisión afirma, con falsía, que la cancelación de MPP llevó a un incremento en los cruces de fronteras, cuando estos cruces han estado aumentando por meses desde que entró en efecto la política de expulsión», agregaron.
En una carta enviada a Mayorkas, y el secretario de Justicia, Merrick Garland, los 108 grupos instaron al Gobierno a «tomar las medidas necesarias para que la medida no entre en vigor», incluso si es necesario llegar al Tribunal Supremo de Justicia.
La querella en torno a MPP ocurre cuando la frontera sur del país sigue experimentando un alto número de cruces de migrantes. Mayorkas, indicó la semana pasada que la Patrulla Fronteriza detuvo en julio a más de 212.000 inmigrantes, un incremento del 13 % sobre la cifra del mes anterior.
