Tegucigalpa – El comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera, dijo este martes que el Estado hondureño debe «focalizar» su atención en las causas de la migración irregular y el desplazamiento forzado, y garantizar condiciones que aseguren una vida digna a sus ciudadanos.
«Lo que tiene que preocuparnos y ocuparnos es cómo atraer la atención del Estado para que focalicemos toda nuestra atención en atender las causas estructurales de los desplazamientos forzados internos y de las migraciones forzadas», subrayó Herrera en un comunicado.
Enfatizó que el Estado tiene que garantizar a los hondureños «condiciones de vida digna» y oportunidades para que puedan desarrollarse y alcanzar sus proyectos personales y familiares.
El ombudsman expresó su preocupación porque en Honduras «no hay estímulos» para los jóvenes, por lo que tienen que migrar de manera irregular.
Abogó porque en el país centroamericano «haya mayores medidas de seguridad y se le garantice a la niñez y la juventud educación, salud y progreso» para que «no se vean en la obligación de emigrar».
La pobreza agobia al 68 % de los más de 9 millones de hondureños, pese a los esfuerzos del Gobierno, según registros del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh).
La violencia, el crimen organizado y la impunidad en Honduras están «presentes, ocupan y administran espacios de control, poder ilícito y exclusión», añadió Herrera.
El país también registra crisis recurrentes por el cambio climático, como la sequía, incendios forestales, plagas en los bosques y los cultivos agrícolas, daños al medio ambiente y enfermedades, entre otros.
Eso incide negativamente en las condiciones de «vida digna» de los hondureños y los ubica ante «incertidumbres existenciales», que provocan desplazamiento forzado interno y migración irregular, dijo Herrera.
«Prevenir y evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento forzado es parte esencial de la protección de los derechos humanos de las personas», enfatizó.
Destacó que el desplazamiento forzado en el país es «una realidad» que «atenta contra la dignidad de la persona humana».
El fenómeno, que se produce «gota a gota», va en aumento, por lo que es «deber del Estado de Honduras prevenirlo y evitarlo y, en todo caso, proteger los derechos humanos de las personas desplazadas y sus familias», concluyó Herrera.
Según cifras del Conadeh, unas 250.000 personas se vieron obligadas a abandonar su casa en Honduras por la violencia entre 2004 y 2018.
Los hondureños abandonan su hogar por amenazas de muerte, asesinatos de familiares, extorsión y por el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes por bandas del crimen organizado, según las autoridades del país.
