Washington – Grupos civiles reclamaron este miércoles que varios documentos de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) son cruciales para la investigación de abusos sufridos por los inmigrantes mientras estaban detenidos y pidieron que no sean destruidos.
El Consejo Americano de Inmigración (AIC), la Unión de Libertades Civiles (ACLU), el Centro Nacional de Justicia de Inmigración y el Centro nacional de Ley de Inmigración, iniciaron gestiones al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA), para impedir la destrucción de esos documentos aprobada ya por Archivos Nacionales.
«Esos documentos se refieren a las condiciones de detención, los incidentes de abusos de los detenidos, sean esos abusos sexuales o de cualquier otro tipo», explicó a Efe Claudia Valenzuela, abogada del AIC.
Varias organizaciones de asistencia legal y civil presentaron esta semana los pedidos al amparo de FOIA, para así dejar constancia de los reclamos e impedirí que la agencia federal ponga en marcha la destrucción de documentos.
«También se refieren a las denuncias que los detenidos han hecho usando la línea telefónica abierta que, se supone, está a su disposición», añadió Valenzuela. «Hay documentos sobre muertes en centros de detención ya que en tiempos recientes hemos visto casos de personas que fallecen en custodia», agregó.
Eunice Cho, abogada de ACLU, dijo a Efe que «fue evidente que los Archivos Nacionales han marcado una serie de numerosos documentos para la destrucción, y si esto ocurriese será más difícil para las víctimas de abusos el inicio de demandas legales».
«Esos documentos deben protegerse, hay categorías que son increíblemente importantes para la vigilancia y los litigios», añadió Cho.
La legislación vigente permite la destrucción de documentos pero también estipula que la agencia de gobierno que vaya a proceder a esa eliminación debe abrir un período para recibir comentarios públicos y de grupos que puedan tener un interés en esos materiales.
El 11 de diciembre pasado, la oficina de los Archivos Nacionales aprobó un pedido de ICE, iniciado el 2 de octubre de 2015, para eliminar registros de los centros de detención de años anteriores.
«Nuestra preocupación surgió del hecho de que recientemente Archivos Nacionales anunció que estos documentos podrían pasar a destrucción, aunque la agencia recibió miles de comentarios en contra de esa destrucción», apuntó Valenzuela.
Tanto Valenzuela como Cho indicaron que muchos de esos documentos registran la información dada por los mismos funcionarios de ICE sobre las condiciones en los centros de detención y la medidas que la agencia tomó, o no tomó respecto a ellas.
