Washington – Decenas de grupos activistas y de abogacía pidieron este miércoles al Gobierno del presidente Donald Trump que facilite el acceso al asesoramiento legal para los miles de migrantes forzados a esperar en México el trámite de sus pedidos de asilo en Estados Unidos.
Según el Proyecto Nacional de Inmigración del Colegio Nacional de Abogados (NIPNLG, en inglés) y otras 47 organizaciones, en febrero pasado sólo el 6,2 % de estos migrantes, no mexicanos, había obtenido representación legal, comparado con el 84 % de los no detenidos y el 54 % de los detenidos en el período fiscal 2019 que terminó en septiembre pasado.
En febrero de 2019, el gobierno de Trump puso en práctica una política denominada Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, en inglés) pero más conocida como «Espera en México», bajo la cual ha devuelto al vecino país decenas de miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que habían llegado a la frontera pidiendo asilo.
«Las cifras demuestran el impacto devastador que esta política, claramente ilegal, ha tenido sobre los derechos legales de las personas», dijo Melissa Crow, del Southern Poverty Law Center, uno de los grupos firmantes del petitorio.
«Si el Gobierno realmente quería dar los pasos para darle a esta gente su ‘día ante los tribunales’ como dijo que haría, debería haber establecido el itinerario», añadió.
Por su parte, Sirine Shebaya, directora ejecutiva de NIPNLG, sostuvo que el programa de espera en México ha resultado en violaciones de los derechos de los migrantes en múltiples áreas».
«Lo menos que el Gobierno puede hacer es asegurar que las personas incluidas en el programa tengan acceso al asesoramiento legal de forma que puedan solicitar, de manera significativa, el remedio en los tribunales de inmigración», añadió.
Los grupos reclamaron varios cambios en la forma que, actualmente, los solicitantes de asilo que esperan en México obtienen su asesoría legal incluyendo que se permita el contacto con abogados aún a aquellos migrantes bajo custodia de la Agencia de Aduanas y Fronteras (CBP, en inglés).
También solicitaron que se permita el uso de espacio en los tribunales u otras instalaciones donde los abogados que ofrecen asesoría y representación puedan instruir a los migrantes sobre sus derechos antes de las audiencias, incluidos espacios donde pueda protegerse la privacidad del vínculo entre cliente y abogado.
Como resultado de la pandemia de COVID-19 los tribunales de inmigración de Estados Unidos han anunciado que reprogramarán todas las audiencias fijadas hasta el 1 de mayo, lo cual prolonga la estancia de los solicitantes de asilo que, en muchos casos tienen a su vez un permiso limitado para permanecer en México.
El grupo Human Rights Watch ha indicado que hay hacinamiento en los campamentos y albergues donde estas decenas de miles de personas aguardan su cita en un tribunal estadounidense, y las personas que allí permanecen a menudo carecen de agua potable, corriente y servicios médicos.
