Denver (CO) – Decenas de estudiantes indocumentados latinos supuestamente molestados o abusados por un joven miembro de la junta directiva de las Escuelas Públicas de Denver (DPS) se beneficiarían con visas U, otorgadas a testigos o víctimas de crímenes, indicó este martes una dirigente republicana local al hacer una solicitud en ese sentido al distrito escolar y a los senadores estatales.
Según Priscilla Rahn, vicepresidenta del Partido Republicado de Colorado y con tres décadas de experiencia como maestra en DPS, 61 de las 62 presuntas víctimas de Tay Anderson, de 22 años, serían inmigrantes indocumentados.
Anderson, en su cargo desde diciembre de 2019, es la persona más joven en haber sido elegida para la junta de DPS. Durante su campaña electoral recibió el respaldo de Foro Latino de Colorado (CLF).
El pedido de Rahn se basa a su vez en el testimonio presentado el pasado 25 de mayo por Mary-Katherine Brooks Fleming, madre de tres estudiantes de DPS, ante el Senado de Colorado durante el debate sobre la ley SB21-088, o Ley de Responsabilidad por Abuso Sexual de Menores, aprobada el pasado 22 de junio.
La nueva ley permite que víctimas de abuso sexual presenten demandas judiciales contra instituciones u organizaciones que emplean a los abusadores.
Sin proveer otros detalles ni en el momento de su testimonio ni después, Brooks Fleming indicó ante los senadores que las acciones de Anderson habrían incluido desde contacto físico inapropiado o no deseado hasta violación, acusaciones que el dirigente, por medio de su abogado Christopher Decker ha negado vehemente en numerosas ocasiones.
La investigación interna de DPS sobre la conducta de Anderson ya había comenzado el 26 de marzo pasado ya que la denuncia forma parte de una carta de Black Lives Matter 5280 a la junta directiva de DPS pidiendo formalmente que se investigase a Anderson por abuso de un menor en 2017.
Sin embargo, fue apenas el 28 de mayo cuando DPS reconoció públicamente la investigación contra Anderson, agregando que el Departamento de Policía de Denver (DPD) también investigaría las denuncias.
De hecho, Jay Casillas, portavoz de DPD, instó a finales de mayo a las víctimas a ponerse en contacto con la Policía, algo que, según Casillas, hasta el momento no ha sucedido. Por eso, DPD no ha presentado cargos formales contra el dirigente.
En su pedido de hoy, Rahn argumenta que las presuntas víctimas no contactaron con la Policía precisamente por su situación migratoria irregular y que esas personas necesitan las visas U para poder realizar las denuncias sin temor a una posible deportación.
Una ley de Colorado aprobada este año agiliza ese trámite al exigir la cooperación inmediata de policías y jueces que deben completar los formularios correspondientes.
Pero hasta la fecha y a pesar de sus gestiones, ni el Foro Latino de Colorado ni la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) ni los Brown Berets Colorado han logrado contactar a ninguna de las supuestas víctimas, sea para recibir declaraciones o para ayudarlas a obtener las visas U, una ayuda frecuentemente ofrecida por esas organizaciones.
Por eso han surgido serios cuestionamientos sobre la veracidad e incluso las motivaciones de las acusaciones de Brooks Fleming contra Anderson, conocido por su activismo en favor de los desamparados y de la igualdad de género.
De hecho, el pedido de proteger a las presuntas víctimas se realiza precisamente el mismo día que Alex Marrero asume su cargo como superintendente de DPS, siendo el primer hispano en liderar el mayor distrito escolar en Colorado, con 92.000 estudiantes, 53 % de ellos latinos.
