Tegucigalpa (Por Verónica Castro) – El camino hacia la eliminación del dinero ilícito en las campañas políticas en Honduras llevan a la fiscalización y la transparencia, una labor que tiene la Unidad de Política Limpia (UPL), pero que hasta ahora, todavía no refleja el avance esperado hace siete años cuando esta entró en vigencia y que según analistas requiere que ésta sea despolitizada.

“Todavía no se expresa el avance requerido en el momento que se organizó y se quiso apoyar el origen de la UPL, precisamente porque hay muchos fondos que quedan todavía en la llanura, que quedan sin tener alguna constatación de dónde se originan, pero sobre todo de los que no son presentados mediante los estados que está pidiendo al UPL”, señaló la directora de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir.

La UPL se ha limitado a recibir informes de los candidatos a elección popular y hacer una auditoría documental después de los comicios, dejando de lado la supervisión y fiscalización antes y durante los procesos electorales, pero según los recién nombrados comisionados de esta unidad responsable de revisar el financiamiento, transparencia y la fiscalización de partidos políticos, esto tendrá un cambio radical.

El comisionado presidente de la UPL, Emilio Hernández Hércules, afirmó este jueves, tras la presentación del informe “¿Seguirá el crimen organizado financiando la política hondureña?”, realizado por la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), que el nuevo pleno tiene otra visión: “poder implementar la fiscalización in situ a través de lo que la ley ya nos prevé, la fiscalización concurrente, que es la que se lleva durante el proceso de campaña”.

Origen desconocido

“Las campañas políticas son carísimas, se requiere de mucho dinero, aportes en efectivo y en especies”, indicó el comisionado.

Solo el gasto de campaña para las elecciones generales del 2021, según el informe de gestión 2022, de la unidad que desde el pasado 1 de marzo preside Hernández Hércules, fue de 875 millones 417 mil 375 lempiras.

Pero no todos los que participaron en esa contienda presentaron sus informes del origen del dinero que usaron para financiar sus actividades políticas. En total 1,619 sujetos obligados no presentaron sus informes, por lo que no se conoce el origen de 262 millones 625 mil 212 lempiras.

“El CNA (Consejo Nacional Anticorrupción) ha venido revelando el involucramiento de estas organizaciones de crimen organizado, las cuales han financiado algunos actores políticos”, recordó el coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA), del CNA, César Espinal.

Además manifestó que ese antecedente, revelado este día sobre más de 262 millones de lempiras de los cuales los políticos no se dieron cuenta, deja mucho que desear y al final esto afecta los procesos democráticos.

Este caso presentado por la RDD es un claro ejemplo de que la fiscalización requiere tener abiertas las puertas de la banca privada, crear un mecanismo que facilite la trazabilidad de los fondos que ingresan a la política, señaló el nuevo comisionado.

Despolitización de la UPL

Pero otros analistas apuntan a ir más allá de la fiscalización. “Lo primerito que tendríamos que hacer para tener efectividad en la lucha contra el financiamiento ilícito de campañas políticas, es despolitizar la Unidad de Política Limpia”, aseveró el dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray.

El dirigente nacionalista cuestionó que lo que hacen los tres comisionados, representantes de los tres principales partidos políticos (Partido Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional y Partido Liberal), es recibir órdenes de las directivas o los líderes del partido que los tienen ahí, paradójicamente estos personajes, junto a los candidatos presidenciales, son los que reciben los financiamientos ilícitos.

Fernando Anduray.

En ese sentido, “si ellos son los que ponen a los miembros de la UPL estamos realmente haciendo un juego desleal con el pueblo hondureño, haciéndole creer que se está luchando contra el financiamiento ilícito”.

Con los resultados del informe del RDD, así como el veredicto de culpabilidad contra el expresidente Juan Orlando Hernández en un corte de New York, Estados Unidos, se evidenció que el narcotráfico, los lavadores de activos y la corrupción no han desaparecido, “son acciones irregulares que están vivas absolutamente en la sociedad hondureña en este momento y tienen contaminadas las instituciones públicas”, expresó Anduray.

En destiempo

A criterio del dirigente nacionalista, se está actuando tardíamente porque en este momento ya hay candidatos presidenciales en los partidos políticos y todos ellos están calculando de donde van a sacar el dinero para financiar sus campañas políticas.

“Estamos conociendo hechos que son contaminadores y destructores del compromiso político de los partidos con la sociedad hondureña y que estamos a destiempo, porque el Congreso Nacional no va desarrollar una reforma que sea estructural en materia de lucha contra la corrupción y lucha contra el financiamiento indebido de campañas políticas”, estimó.

La directora de Foprideh coincide con Anduray sobre la presión del tiempo. Las reformas electorales sugeridas como urgentes en el informe de la RDD tienen plazo para que sean efectivas. “Son reformas que si no se discuten antes de junio, en realidad no valen la pena generarlas, pensando en que van a tener muy poco tiempo los comisionados para poder aplicar este tipo de reformas y para capacitar a las personas que van a participar en estos procesos para tener en cuenta estas reglas que se deben cumplir, antes, durante y después de los procesos de elección, tanto primario como generales”, apuntó.

El representante del CNA considera que el Congreso Nacional no ha podido estar a la altura, “las partes electorales son situaciones que siempre se dejan a última hora, luego vienen las lamentaciones porque nuevamente los procesos electorales carecerán de mucha garantía para que la democracia pueda ser respetada”, dijo Espinal.

Los sectores coinciden en que la sociedad civil debe tener una participación activa en el órgano de control de financiamientos de campañas políticas, pero la misma debe ser con absoluta independencia y autonomía de los partidos políticos.

“La sociedad civil es la llamada a supervisar a los políticos para que haya imparcialidad, independencia y verdadera representación de la sociedad hondureña sin contaminación de narcotráfico, lavadores de activos y corrupción pública y privada”, concluyó Anduray.